El próximo 6 de abril se cumplen 40 años de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Galicia, la ley orgánica que reconoció como «nacionalidad histórica» al territorio y cerró el capítulo abierto en 1936, cuando ‘in extremis’ la ciudadanía gallega refrendó su estatuto, truncado por el golpe de estado que hizo estallar la Guerra Civil y precedió cuatro décadas de dictadura.

La actual norma estatutaria realizó un largo recorrido que arrancó en la preautonomía. Uno de sus hitos remontan a enero de 1979, con la constitución de la conocida como ‘Comisión dos Dezaséis’ –que ya venía de un debate y recogida de proyectos previos–, y cuyo cometido fue la redacción del que sería el primer documento conjunto y de consenso estatutario. La propuesta del presidente preautonómico, Antonio Rosón, fue la de aglutinar a las fuerzas políticas parlamentarias y sin representación pero que habían presentado un proyecto estatutario, al que también contribuyeron entidades de la sociedad civil y cultural.

En aquel grupo ‘dos 16’, participaron la UCD, Alianza Popular (AP), PSdeG-PSOE, Partido Galleguista (PG), Partido Obrero Gallego (POG) y Partido do Traballo de Galicia (PTG) y una sola mujer, Lutgarda García Boente. Los acuerdos alcanzados se trasladaban a la prensa en un comunicado conjunto y pactado para evitar filtraciones.

Cuatro décadas después de la promulgación del Estatuto, Galicia solo recuerda un intento de reforma entre los años 2006 y 2007, cuando saltó por los aires la posibilidad de consenso entre las únicas tres fuerzas políticas que tenían representación parlamentaria, cuyos líderes fueron incapaces de reproducir el consenso que llevó a Galicia a mantener su estatus de «nacionalidad histórica» en la democracia posfranquista, como así se recogen en las actas de las sesiones parlamentarias y en la documentación recopilada en la obra de Baldomero Cores Trasmonte ‘O Estatuto de Autonomía de Galicia: Documentación oficial (1977-1981), consultada por Europa Press.

En los archivos del Congreso de los Diputados se encuentran las cerca de 400 discrepancias que se presentaron para la elaboración del dictamen de la ponencia del texto, cuyos cambios introducidos desembocaron en la gran manifestación contra lo que se denominó el ‘estatuto da aldraxe’, del que habían quedado autoexcluidas sensibilidades políticas que luego fundaron el BNG, aunque algunos de los que participaron en el aquel proceso como Camilo Nogueira fueron (y es) destacado miembro militante de esta formación.

En uno de los debates finales en el Congreso, que antes tuvieron el conocido como ‘Pacto do Hostal’ para limar las asperezas y que el texto fuese adelante, era el de aquella exministro de Franco y representante de Alianza Popular, Manuel Fraga, que pocos años después se mantuvo, bajo las siglas del Partido Popular de Galicia, 16 años al frente de la Xunta autonómica.

Fraga defendió entonces el voto favorable al artículo 5º, que establece la categoría oficial de la lengua gallega y rechazó las enmiendas que se habían presentado. «Hay un estatus para la lengua franca de todos los españoles, un estatus para la lengua oficial dentro del Estado que hay el derecho y el deber de conocer y un estatus de oficialidad para las otras lenguas inscritas en los estatutos. Existe una protección además para otras vanidades y todo lo demás son ganas de buscar tres pies al gato».

Tras rechazar, eso sí, que «en Galicia no había una lengua oprimida», defendió el artículo 5º del ahora Estatuto vigente: «En todo caso, este artículo dice todo lo que tiene que decir: que el gallego es la lengua propia de Galicia, que el castellano y el gallego son los dos idiomas oficiales, que se prohíbe la discriminación y se aconseja la potenciación del gallego. Esto es lo que hay que decir y no otra cosa».

FRACASO EN LA REFORMA

Galicia, que pudo retomar su reforma estatutaria en los albores de la democracia gracias a la «voluntad» expresada en 1936, fracasó, sin embargo, en el diálogo impulsado en la primera década de los años 2000, en que sí vieron luz verde nuevos estatutos como el andaluz o el catalán, luego modificado por sentencia del Tribunal Constitucional. En 2006, tras registrarse una petición conjunta de PPdeG, PSdeG y BNG, la Cámara autonómica activó la comisión parlamentaria encargada de estudiar una reforma que encalló en la residencia oficial del presidente de la Xunta, liderada entonces por el socialista Emilio Pérez Touriño, con el apoyo del BNG de Anxo Quintana en la Vicepresidencia.

Entonces, el líder de la oposición, que dos años después se convirtió en presidente del Gobierno gallego hasta la actualidad, el popular Alberto Núñez Feijóo, aseguró que el acuerdo no había sido posible por «36» puntos de discrepancia. Pero Touriño le reprochó su posición al respecto de asuntos como el idioma propio de Galicia como uno de los tres escollos que lo mantuvieron «inflexible hasta varar el buque de la reforma» del dirigente popular, al que acusó de seguir los dictados de «Génova».

La discusión pública que contienen las actas del diario de sesiones del 7 de febrero de 2007, consultadas por Europa Press, remiten al encuentro que se prolongó en Monte Pío el 17 de enero de 2007. Seis horas en las que se dio portazo a un año de trabajos parlamentarios en vísperas de las elecciones municipales de ese año.

Touriño quiso, no obstante, mostrar optimismo acerca de una reforma que nunca volvió a retomarse y de la que se quedó fuera en las elecciones de 2009 al perder, el bipartito de PSdeG y BNG, la mayoría que sostenía la Xunta. «Me niego a pensar que este aplazamiento sea un punto y final», pronunció el entonces presidente.

Feijóo retó entonces a cambiar la propuesta y presentar un proyecto y afirmó que, de no hacerlo, lo haría su partido. «Si no tengo esa propuesta antes de las municipales (de 2007), el Partido Popular de Galicia presentará su propuesta otra vez», señaló en aquel debate, aunque doce años después de su mayoría absoluta no se abordó.

En aquel debate, Quintana centró su intervención en reclamar apoyos para la transferencia de competencias. «¿Está usted de acuerdo con que Galicia tenga competencia plena para la defensa de nuestras costas en materia de seguridad marítima?», le planteó Quintana a Feijóo. «Les propongo salir de esta Cámara no con un reparto de culpabilidades, sino con una imagen de unidad y generosidad y con un gran pacto nacional para que Galicia no pierda ni una sola oportunidad», apeló.

COMPETENCIAS SIN COMPLETAR

Cuarenta años después no se han completado las competencias del texto de la autonomía gallega, como así lo recordaron los integrantes de la comisión ‘dos 16’ al recibir en 2017 la Medalla del Parlamento de Galicia. «Las transferencias están sin completar», dijo Fernando Solla, quien se refirió en concreto a la gestión de la Seguridad Social, en el artículo 33.

Luis Sobrado, por su parte, lanzó en 2017 el mensaje de la «necesaria reforma» de un estatuto que no contempla a Galicia en Europa por los tiempos en que se redactó.

«Una nueva puesta al día», apuntó, por su parte, José Vázquez Fouz, sobre un estatuto que fue «una experiencia modelo» en palabras de Francisco Puy Muñoz, quien apeló, a quienes tengan en el futuro la misión de redactar un nuevo estatuto, «a saber tener como modelo» el trabajo que desembocó en la promulgación del Estatuto en 1981. «Nuestras diferencias no nos apartaron nunca del objetivo», proclamó Víctor Vázquez Portomeñe.

Basta con acudir a los diarios de sesiones para comprobar que el debate de transferencias ha seguido vigente. Uno de ellos, la creación de una Policía Autonómica propia. El más reciente, la petición de competencias marítimas que actualmente urge Feijóo en plena tramitación de la ley estatal de cambio climático.