La Secretaría das Mulleres del Sindicato Labrego Galego (SLG) ha remitido este martes cartas al ministro de Agricultura, Luis Planas, y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, para denunciar los elementos «machistas» y discriminatorios contra las mujeres que el sindicato observa en la reforma de la Política Agraria Común (PAC).

El sindicato se ha referido a algunos de los datos que recoge el documento relativos a la presencia de las mujeres en el sector, que ha calificado como «desoladores».

En un comunicado, el sindicato expone que, de las personas beneficiarias de la PAC, solo un 37,14% son mujeres. En cuanto al importe medio de las ayudas de la política agraria, se destinan 6.059 euros a hombres y solo 3.851 euros a mujeres.

«A pesar de unos datos tan negativos, con la reforma de la Política Agraria Común, en cuyo plan estratégico está trabajando ahora mismo el Ministerio de Agricultura, se podrían desarrollar medidas para reducir esta brecha de una desigualdad flagrante», ha indicado la entidad.

Tras analizar la documentación del subgrupo de trabajo que aborda la atracción de jóvenes agricultores y el desarrollo empresarial en las zonas rurales, desde una perspectiva de género y despoblación, y «aunque Agricultura ha expresado su intención de dar pasos para disminuir la brecha de género existente», el SLG ha criticado aspectos como «la no utilización de lenguaje no inclusivo o la reducción de la aparición de las mujeres a «mujeres rurales» y «mujeres y jóvenes».

«LAS MEDIDAS SON UNA MERA DECLARACIÓN DE INTENCIONES»

El sindicato ha denunciado también que en los análisis DAFO, se presentan los modelos a pequeña escala, con menos inversiones y poco endeudados, «como una debilidad, cuando son una fortaleza».

Además, ha señalado que gran parte de las ayudas –a la renta para la sostenibilidad, a ecoesquemas y otras asociadas– «se dirigen precisamente a granjas y explotaciones que no son las que están gestionadas mayoritariamente por mujeres».

«Las medidas que se proponen en el documento de necesidades no dejan de ser una simple declaración de intenciones encaminada a mejorar nuestra representatividad», ha subrayado la secretaría del SLG.

Es por este motivo que el SLG ha solicitado sendas entrevistas ministeriales para presentar algunas de sus propuestas, como igualar los importes que perciben las beneficiarias y beneficiarios, instaurar mecanismos que permitan mejorar las condiciones de acceso de las mujeres a la ayuda básica a la renta y al resto de subvenciones, así como establecer criterios que prioricen a las mujeres y no subvencionar a los colectivos, empresas o cooperativas que tengan en su base mujeres pero no estén en sus órganos de dirección.

VENTA A PÉRDIDAS DE LECHUGA

En otro orden de cosas, Unións Agrarias (UU.AA.) ha solicitado la colaboración de las cadenas de distribución para poner en valor los cultivos de los agricultores gallegos y ha pedido que los grandes supermercados detengan ciertas prácticas que «ponen riesgo la viabilidad del sector primario gallego».

La denuncia por parte del sindicato del precio de venta de la lechuga, a 0,35 euros, en el supermercado Gadis, es una de las prácticas mencionadas.

Aunque, como ha reconocido UU.AA., esta cadena de distribución ha optado por subir el precio a 0,44 euros, «sigue suponiendo un claro caso de venta a pérdidas, ya que los costes de producción de la lechuga se situaban ya en 2011 en los 0,44 euros/unidad».

Unións Agrarias ha destacado además que esta tendencia, que funciona como reclamo, «también se ha detectado en otras marcas como Mercadona, Lidl y Día». Por este motivo, el sindicato ha anunciado que solicitará una reunión con la distribución «para intentar frenar unas prácticas que destruyen la cadena de valor de los productos de campo y atentan contra la rentabilidad de los productos locales».

Por otro lado, la organización ha hecho un llamamiento a los consumidores para que apuesten por «la mayor calidad y frescura que garantizan los productos de proximidad».

«Estos productos son recolectados el mismo día del envío al punto de venta, por lo que los tiempos se limitan y es posible garantizar la máxima frescura, una seguridad que no se da en el caso de los vegetales importados de países como Portugal, Marruecos o Bélgica», ha señalado Unións Agrarias.

La entidad ha avanzado además que pronto iniciará una campaña informativa y de sensibilización para animar a los consumidores a fijarse en el origen de los productos frescos que consumen.