La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha replicado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para negar que se esté engañando a la sociedad desde la Administración gallega y recordar que un informe de la asesoría jurídica de la Xunta advirtió que parte de la ley de Cambio Climático es «frontalmente inconstitucional».
«De lo que estoy segura es que no miente Galicia, no miente la Xunta de Galicia, no miente la conselleira de medio Ambiente, no miente la conselleira do Mar», ha trasladado este lunes la responsable del departamento autonómico.
En las últimas horas la ministra lamentaba en un hilo de Twitter escrito en gallego las «mentiras» difundidas sobre la Ley de Cambio Climático, reiterando que «no afecta a ninguna de las concesiones ya otorgadas» en la línea de costa «ni a sus prórrogas legales», incluida la de Ence, que depende de los tribunales.
La conselleira ha recordado que la Xunta tiene un informe elaborado por la Asesoría Jurídica autonómica que concluye que el artículo 18.4 de esta Ley de Cambio Climático es «frontalmente inconstitucional», además de determinar que este apartado de la norma y el 18.3 son «contrarios a la seguridad jurídica».
Ángeles Vázquez ha recordado que este informe fue enviado la pasada semana a la vicepresidenta cuarta del Gobierno del Estado por lo que ha recomendado a la ministra «que se deje de tanto twittear y se ponga a trabajar» para contestar a la Xunta «o que realice un dictamen por parte de la Abogacía del Estado».
La conselleira de Medio Ambiente ha asegurado que «Galicia tiene un problema si sigue para adelante la Ley de Cambio Climático en los términos preestablecidos» y también ha advertido de que «también tiene un problema el Gobierno central», porque las empresas afectadas «podrían pedir las indemnizaciones precisas» y, en segundo lugar, porque esta norma «tiene retroactividad».
La conselleira ha señalado que la ley es «clarísima» al establecer un máximo de 75 años para las concesiones en dominio público, incluidas sus prórrogas.
Ángeles Vázquez ha indicado que la propia ministra informó el pasado mes de febrero que hay «49 expedientes sin resolver» de empresas de la cadena mar-industria en Galicia situadas en terreno de dominio público marítimo terrestre que tienen o que podrían verse en problemas para ver renovada su concesión.
Además el Ministerio también detallaba que «de las 33 concesiones otorgadas sólo 7 son para usos de su naturaleza y otras 3 ya se excedieron del plazo de 75 años».
La conselleira ha explicado que desde la Xunta de Galicia han enviado a los municipios «la notificación con el instrumento necesario para que sepan qué edificaciones pueden tener problemas» para que «tomen las determinaciones oportunas».