La Fiscalía ha denunciado nuevos presuntos delitos de prevaricación continuada y malversación de caudales públicos por parte de la alcaldesa de O Porriño (Pontevedra), un concejal y una empresa, en relación a la contratación del servicio de limpieza viaria entre mayo y noviembre de 2018.
El escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, se refiere en concreto a 13 facturas por limpieza viaria, cuyo servicio supuestamente fue «contratado de forma irregular, sin previo procedimiento administrativo, de manera verbal, con previa consignación presupuestaria, reserva de crédito, sin previa licitación mediante procedimiento escrito».
A este respecto, al existir en el Juzgado de Instrucción número 2 de O Porriño unas diligencias previas referidas al delito continuado de prevaricación por irregularidades en la contratación en el Ayuntamiento porriñés durante los años 2016 y 2019, la Fiscalía solicita que estos nuevos hechos se remitan a dicho juzgado para su instrucción como una única causa.
Además, en este caso añade el supuesto delito de malversación de caudales públicos «al no constar debidamente supervisados los servicios presuntamente contratados, ni haberse solicitado otros presupuestos, ni existir concurrencia de empresas».
De estos hechos, entiende la fiscala que responden como presuntos responsables la alcaldesa de O Porriño, la socialista Eva García de la Torre; el concejal de parques y limpieza entre mayo y noviembre de 2018, Orlando Márquez; y el responsable de la entidad mercantil implicada en la contratación del servicio de limpieza viaria.
En este marco, solicita que a todos los denunciados se les tome declaración como investigados en esta causa, y que se solicite al secretario del Ayuntamiento el expediente completo y los informes de intervención y otros documentos relativos a esta contratación.
ORIGEN DE LA DENUNCIA
Esta denuncia surge tras el testimonio particular remitido a principios de año por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra para que el Tribunal de Cuentas y la jurisdicción penal investigasen las prácticas por las que el Ayuntamiento de O Porriño presuntamente «durante un periodo prolongado de tiempo ha actuado o está actuando al margen del Derecho en la materia de contratación».
Así lo arrojaba el juzgado en dos sentencias emitidas tras las reclamaciones presentadas por tres empresas ante supuestos impagos por diversas facturas giradas en los años 2017 y 2018 por los servicios prestados sin contrato consistentes en limpieza y desbroces de viales. Los hechos de 2017 ya forman parte de la investigación del Juzgado de Instrucción número 2 de O Porriño, y los de 2018 son en los que se centra la nueva petición de Fiscalía.
CAUSAS JUDICIALES
De forma paralela, la alcaldesa de O Porriño, la socialista Eva García de la Torre, junto al que fuera edil de Vías y Obras, Manuel Carrera (del partido UDDL y antes del PP), el exconcejal de Limpieza Orlando Márquez, varios empresarios y dos asesorías figuran como investigados por supuesta prevaricación administrativa en otra causa.
La investigación se remonta a varios años atrás y, de hecho, se abrieron varios procedimientos por diversas denuncias, entre ellas algunas del PP. Las denuncias fueron unificadas en una causa con dos piezas separadas, en las que se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para servicios como limpieza viaria, desbroces y jardinería, así como otros posibles delitos relacionados con la emisión de facturas por servicios al Ayuntamiento.
En esta causa se analizan también otros posibles delitos, como falsedad documental o tráfico de influencias (uno de los investigados figuró en las listas del partido UDDL, y también se investiga a su mujer, su hermano y su sobrina).
Por otro lado, a medidados del pasado mes de diciembre, la Audiencia Provincial de Pontevedra dictó una sentencia en la que, tras estimar parcialmente un recurso de la Fiscalía, inhabilitaba por 6 meses a la alcaldesa de O Porriño, Eva García de la Torre, para el ejercicio de la abogacía, y la condenaba a pagar una multa de 1.080 euros por un delito de deslealtad profesional.
