La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) ha lamentado que la Xunta apoye la «ilegalidad» que supone la permanencia de Ence junto a la ría de Pontevedra frente al «bien común»

Después de que la Xunta urgiese al Gobierno estatal que convoque la mesa de diálogo sobre la biofábrica de Ence en Lourizán, la asociación, a través de una carta abierta dirigida al vicepresidente económico del Ejecutivo gallego, Francisco Conde, ha concluido que para el Gobierno gallego lo «primordial» es conseguir la permanencia de la empresa en la zona, mientras «cumplir la ley es secundario».

Así, ha reprobado que la Xunta pretenda abordar esta situación «con la máxima de ‘o en Lourizán, o en Lourizán», que «invalida cualquier mesa de diálogo». También ha criticado que el Gobierno central, durante su etapa ‘popular’, «se plegó a los intereses empresariales» para permitir que Ence pudiese continuar en su emplazamiento «concediéndole una prórroga ilegítima y contraria a la Ley». Por ello, ha responsabilizado al PP y a la empresa de la situación a la que se enfrenta esta última.

En este sentido, ha remarcado que la reforma de la Ley de Costas realizada en 2013 establece que esta clases de terrenos se reservan para aquellas actividades que los precisen para llevarse a cabo, lo que «no es el caso de Ence». Además, ha destacado que «el límite máximo de permanencia de 75 años (…) viene fijado en la Ley de Patrimonio del Estado», que resulta «de obligado cumplimiento para la fábrica de Lourizán».

Así las cosas, ha insistido en que, si se retirase el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático, relativo a la duración de las concesiones en terrenos de dominio público-marítimo terrestre, la planta «seguiría teniendo su continuidad en Lourizán comprometida por la legislación vigente». Ante este contexto, la entidad se ha preguntado si el Gobierno gallego «va a exigir también que se eliminen estas leyes» o «seguirá buscando atajos para sortear la aplicación de la legislación a Ence».