Miles de personas se han manifestado este sábado en A Coruña contra la «represión sindical» en Alu Ibérica y para exigir un «futuro industrial» para la planta del grupo Riesgo.
La marcha, convocada por CC.OO., UGT y CIG, ha partido de la sede de la Delegación del Gobierno pasadas las 12,00 horas, tras lo que ha recorrido las calles de la ciudad en dirección a la plaza de María Pita, donde ha concluido con las intervenciones de representantes sindicales. Posteriormente, la alcaldesa, Inés Rey, ha recibido al comité de empresa y a los líderes de los sindicatos y el comité de empresa, tras lo que ha celebrado esta «manifestación histórica» y «unitaria» que se ha llevado a cabo «en defensa de la industria».
Además de los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, que han demandado la «implicación» de la Xunta y el Gobierno central para alcanzar un garantía de futuro para la planta, la movilización ha contado con la participación de sus homólogos en Galicia y del secretario xeral de CIG, Paulo Carril.
Hasta la manifestación se han desplazado representantes del PSdeG, como el diputado autonómico Pablo Arangüena, el portavoz local del BNG, Francisco Jorquera y miembros del Partido Comunista y Marea Atlántica, así como alcaldes de la comarca, el exregidor de la ciudad Xulio Ferreiro y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo.
Coreando cánticos como ‘Si no hay solución, Gobierno dimisión’, cientos de personas han recorrido las calles de la ciudad en una marcha convocada bajo los lemas ‘Contra la represión sindical’ y ‘Por un futuro industrial’ y acompañada de petardos y bengalas. Así, se han podido leer pancartas con mensajes como ‘Por la defensa de los puestos de trabajo en la comarca’.
TRABAJADORES «INJUSTAMENTE» DESPEDIDOS
En este contexto, después del despido de una trabajadora al que se sumó el de cuatro representantes sindicales, entre ellos el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho; el secretario xeral de CC.OO., Ramón Sarmiento, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para «arropar» a estas personas, que «injustamente están siendo despedidas por rebelarse contra una empresa que tiene las prácticas más indeseables».
Así las cosas, ha advertido de que los sindicatos «van a pasar lista» a las instituciones y partidos que han apoyado la marcha «porque de otro modo estarían al lado de presuntos delincuentes», según ha señalado en alusión al registro de las plantas de A Coruña y Avilés por agentes de la Unidad de Delitos Fiscales.
Aunque se ha mostrado convencido de que los responsables de esta situación serán «condenados», Sarmiento ha alertado de que «el proceso judicial no solucionará el (mantenimiento del) empleo», por lo que ha demandado «un compromiso real» y «efectivo» de las administraciones «para consolidar un proyecto industrial» y las ha acusado de «abandonar» a los trabajadores. También ha afirmado que «la condena no salvará un acuerdo al que le quedan cuatro meses de vida», un plazo que ha incidido en que no debe expirar sin alcanzarse un proyecto de futuro para la planta.
Asimismo, el secretario xeral de UGT, José Antonio Gómez, ha llamado a buscar una solución «entre todos», que ha augurado que no se alcanzará con el grupo Riesgo, propietario de Alu Ibérica en A Coruña, o el fondo Parter, al que se la compró.
DEMANDA DE «ACCIONES DECIDIDAS» DE LAS ADMINISTRACIONES
En la misma línea, el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha advertido de que continuidad de la actividad pasa por «acciones decididas» del Gobierno y la Xunta, a los que ha responsabilizado de la situación por su «dejadez». Así, ha remarcado que «la única solución seria» es «la intervención», que la primera de estas administraciones «tiene que llevar adelante sin demoras». «Solo faltaría que esto acabase en un concurso de acreedores o que la empresa utilizase la reforma laboral, que hace falta derogar», ha alertado.
También ha resaltado que este «capítulo» y el de la factoría de San Cibrao deben cerrarse «con éxito». Además, Carril ha defendido la necesidad de que «la cuenta atrás» iniciada con esta movilización no termine «con el desmantelamiento (de la planta coruñesa) o un reguero de delitos».
Así las cosas, Pepe Álvarez ha reclamado que «se acabe con la represión sindical» en un escenario que ha augurado que «acabará con toda seguridad como el de Sargadelos pero después de pasar por los tribunales». En este sentido, ha recalcado que el «origen» del conflicto que ha motivado esta movilización se encuentra en la venta de las factorías de A Coruña y Avilés parte de Alcoa, lo que, en su opinión, representó «una estafa clara» y que ha considerado necesario que «se revierta».
De este modo, ha insistido en que «hay que garantizar la actividad», un objetivo respecto al que las administraciones «no pueden estar al margen», y ha avanzado la continuación de movilizaciones a nivel nacional con reivindicaciones cuyo «punto de anclaje» se encontrará en la industria y las comunidades de Galicia y Asturias.
Adicionalmente, Unai Sordo ha denunciado la «represión sindical» llevada a cabo por la empresa y ha mostrado su «solidaridad» con las personas despedidas, lo que representó «una actitud intolerable de la empresa». Ante esta situación, ha urgido «la implicación de las administraciones». «Estamos en un momento en el que el Gobierno y la Xunta tienen que poner toda la carne en el asador para facilitar que continúen inversiones que garanticen el futuro industrial en las plantas de Alcoa», ha zanjado.
Por su parte, tras reunirse con la regidora, el presidente del comité de empresa ha agradecido «el apoyo y las muestras de cariño» de las organizaciones sindicales.
