La sección sindical de Comisiones Obreras en la empresa Ence ha reunido este viernes a un grupo de trabajadores de la pastera, de sus empresas auxiliares y del sector forestal, que se han concentrado ante la sede de la Diputación de Pontevedra para mostrar su preocupación por el futuro de la fábrica de Lourizán.

Sobre un centenar de personas secundó esta movilización que coincidió con la celebración del pleno en la administración provincial y también de la junta de accionistas de la compañía de celulosas.

La concentración se desarrolló sin incidentes bajo la vigilancia de un amplio despliegue de agentes de la Policía Nacional. La presidenta del comité de empresa de las Oficinas Centrales de Ence, Ana Cedeira, ha señalado que acudían «para defender los 5.000 puestos de trabajo que están en juego».

Ana Cedeira ha repetido que la plantilla seguirá presionando para evitar el cierre a pesar de que confían en la palabra de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que les aseguró que el artículo 18 de la futura Ley del Cambio Climático no afectará al futuro de la planta «nosotros vamos a confiar en ella», ha dicho la sindicalista.

La ministra se comprometió a impulsar una mesa de diálogo para abordar un posible traslado de la fábrica en la que estarán representadas todas las partes afectadas. Por parte de los ministerios de Trabajo, Industria y Transición Ecológica, hasta la Xunta, el Ayuntamiento, la empresa y los trabajadores. El comité de empresa ha asegurado que no tiene noticia de esta convocatoria.

SIN AVANCES

«Desde la semana pasada no han habido avances en la mesa de trabajo. Una vez que establezca los contactos nos darán una fecha para empezar a hablar. Entiendo que después de Semana Santa sabremos algo y nos fijarán fecha», ha reconocido Ana Cedeira.

Por su parte, el secretario de organización comarcal de Comisiones Obrerras, José Luis García Pedrosa, ha insistido en que «la posición del colectivo de trabajadores afectados es clara: Ence en Lourizán hasta el 2073».

García Pedrosa ha cargado contra el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que abogó por un espacio de diálogo operativo y apuntó que él limitaría su composición a las partes que tienen competencias y capacidad de decisión sobre el futuro de la fábrica: Estado, Xunta y la propia empresa.

«Que Lores pretenda que de la mesa de diálogo estén excluidos los trabajadores es una muestra mas de su desprecio hacia los trabajadores, y por lo tanto, hacia la mayor parte de la ciudadanía de Pontevedra que está conformada mayoritariamente por la clase obrera», ha sentenciado este sindicalista.