Los sindicatos CIG, UGT y CCOO han convocado una huelga de 24 horas para el 22 de abril y de 48 horas para los días 11 y 12 de mayo en el sector de la limpieza de edificios en la provincia de A Coruña por «el recorte de derechos».

Así lo han informado en rueda de prensa en la que han explicado que la convocatoria obedece a decisiones como «la eliminación de la jubilación parcial en el sector y del derecho de la gente que trabaja en la limpieza, mucha de ella a tiempo parcial, a aumentar la jornada cuando se produzcan vacantes en los centros de trabajo».

«Todo esto a cambio de un incremento del 0,8% para el año 2020 y 2021», apuntó Paulo Rubido, representante de la CIG. «La limpieza ha incrementado su facturación y ha tenido una mayor carga de trabajo, ya que fue el sector encargado de realizar la desinfección y limpieza en todos los centros de trabajo de la provincia», argumentó en referencia al actual contexto de pandemia.

La convocatoria de huelga se produce después de un calendario de movilizaciones que comenzó en enero y tras dos reuniones con la patronal en las que «no se movieron absolutamente nada» y en las que no hicieron «ninguna propuesta constructiva», ha indicado. Con estas condiciones, añadió, «no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo».

SERVICIOS MÍNIMOS

Por último, Rubido instó a la Xunta a «que no se posicione con los poderosos» y que los servicios mínimos que se produzcan esos días «no vulneren el derecho de huelga de los trabajadores». Advirtió que los «impugnarán» en caso de que esto ocurra.

Para que la huelga no se lleve a cabo tendría que haber un acuerdo en la reunión del próximo lunes. «Proponemos una subida salarial para los años 2020 y 2021 y que no se toque el convenio», dijo Juan Carreira, representante de UGT, dejando una puerta abierta a un posible acuerdo. Si este no se produce, «la huelga continuará más allá de mayo».

A su vez, Ricardo Santos, miembro de CCOO, calificó de «justificada» la subida salarial planteada por los sindicatos y expuso que la patronal licitó «a la baja» en las contratas. Consideró, además, que pueden pagar el precio que reclaman los trabajadores si la patronal no se comportara como «mercenarios».