La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha celebrado, este miércoles, la vista de apelación por el cobro de peajes durante las obras de Rande, en la que cinco usuarios afectados declararon que las retenciones en la autopista se producían a diario.

Esta ha sido la novedad en este caso, por primera vez se ha podido escuchar a los conductores perjudicados que se vieron atrapados por los atascos, un testimonio que había sido rechazado por el juez en el primer juicio que no los consideró «útiles y pertinentes», como sí han entendido los magistrados del órgano provincial.

Aquella vista en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra terminó con una sentencia que condenó a Audasa a restituir los peajes cobrados durante esas 81 incidencias que el juez vio acreditadas entre el 27 de febrero de 2015 y junio de 2018.

El primero en comparecer este miércoles ha sido Carlos Alberto Sexto, usuario de la autopista «a diario» por motivos de trabajo, que se desplazaba de Caldas de Reis a O Porriño. Aseguró ser uno de los automovilistas perjudicados por los atascos en la AP-9.

En su declaración, describió una situación de «carriles cortados, maquinaria en el medio y siempre retenciones» que se reproducían «prácticamente a diario» durante los tres años que duraron las obras, «especialmente entre Pontevedra y el peaje de Rande».

Trabajaba a turnos por lo que esta situación la vivía a cualquier hora del día, aunque «los fines de semana y por las noches, no había tanta densidad de tráfico». «Cuando no había obras casi siempre había maquinaria, un carril cortado y señales de reducción de velocidad», ha declarado.

La más significativa de todas las retenciones, según ha relatado, fue una de 40 minutos cuando los atascos llegaban desde Pontevedra al peaje de Rande. «Las retenciones absolutas, de estar parados completamente, fueron casos puntuales, dos o tres veces», matizó.

También aseguró que «no había» cartelería, información, o señales de advertencia de los atascos o la habilitación de desvíos alternativos. Afirmó que la ruta por carretera convencional «era larga y lenta atravesando núcleos de población», lo que suponía un incremento importante en el tiempo de viaje.

También ha añadido que las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico llegaron a estar presentes «casi a diario» en la autopista debido a estas circunstancias.

NO HABÍA AVISOS INFORMATIVOS

A continuación, ha declarado Cristina Trigo Barros, médico de Povisa, «usuaria diaria de la autopista». Ha relatado que había «carriles cortados, señales que reducían la velocidad». «En el mejor día, llegaba con 15 minutos de retraso a la consulta», recuerda.

Estos problemas obligaron a esta mujer a «anular muchísimas consultas». «Muchos pacientes eran de la zona de O Morrazo, y algunos ya ni siquiera acudían a la consulta», agrega. «Todos los días había retenciones», ha asegurado.

Igualmente, esta testigo narra que no había carteles informativos de la situación del tráfico, tan sólo una vez dentro del vial había cartelería que indicaba retenciones, pero ya no había posibilidad de salir de la AP-9.

La «hora punta» era a las ocho de la mañana, aunque le pasaba «exactamente igual a las tres de la tarde», cuando salía del trabajo, lo que le obligó a prolongar la jornada laboral de la cuidadora de sus hijos.

También comentó que un día tuvo que anular entera la jornada de consultas, en aquella ocasión la autopista tenía levantadas las barreras del peaje.

«Por la otra ruta no se puede adelantar, tiene un montón de rotondas, hay muchos camiones, me tendría que levantar a las cinco de la mañana para llegar al trabajo», ha dicho sobre las alternativas a la autopista. «Además, como tienes que incorporarte al puente de Rande, da igual», opina.

SIN ALTERNATIVA

El tercer testigo en declarar en esta vista ha sido Daniel Gómez Fernández. «Soy un afectado que va y viene todos los días de Pontevedra a Vigo para trabajar», ha explicado este empleado de banca.

Durante estos tres años, las retenciones en la autopistas «fueron continuas», lo que le supuso un incremento en el tiempo de viaje «todos los días» de entre media hora y quince minutos.

Los atascos se los encontraba «después del peaje de Vilaboa» donde «siempre había un carril cortado» y «lo gordo» se producía con el embudo de la incorporación de los vehículos de Cangas. Dar toda la vuelta por la ría no lo considera «una alternativa» ya que «supone 45 minutos de viaje».

PINCHAZOS DE RUEDAS POR LAS OBRAS

Josefa Cores Oubiña, otra testigo, se desplaza todos los días por motivos laborales de Cambados a Vigo y ha reiterado los argumentos esgrimidos por los comparecientes.

Además, ha señalado que «en dos ocasiones» le «reventaron las ruedas en la autopista con tornillos de la obra». También rechazó que, como señala la sentencia, las retenciones se limitasen a siete días concretos: «Eran muchísimos días».

A continuación declaró Agustín García, otro testigo de estos hechos propuesto por la asociación En Colectivo. En su caso es un vecino de Santiago de Compostela que se desplaza con frecuencia a Vigo y a Baiona.El relato se desarrolló en los mismos términos que los anteriores.

Con él terminó la prueba testifical. «El tribunal se siente suficientemente ilustrado», ha dicho el presidente de la sala antes de dar paso a las conclusiones.

CONCLUSIONES

El fiscal ha señalado que en la sentencia se refería que el retraso que supuso la obra era de pocos minutos, pero: «Hemos visto en día de hoy que esto no era así». «Están diciendo simple y llanamente lo que pasó, que es algo que toda la provincia conoce», ha sentenciado.

Igualmente, el representante del Ministerio Público reiteró que «las retenciones eran diarias» y de ahí surge un «cobro abusivo» por el uso de una vía que además era «insegura» y de cuyas circunstancias «no se avisaba» por parte de la concesionaria antes de entrar en la autopista que era «objeto de su explotación comercial». El fiscal propuso «homogeneizar los perjuicios a la hora de compensar a los afectados».

Las acusaciones particulares personadas en esta causa también ha asegurado que con estos testimonios ha quedado acreditado un «incumplimiento flagrante de la empresa concesionaria de las obligaciones que tenía con sus clientes».

El letrado que defiende a Audasa ha descalificado estos testimonios al entender que son «interesados» y «posibles perceptores de la indemnización».

También ha rechazado que sólo estuviese habilitado un único carril durante el tiempo de las obras. «De ser así lo hubiese sancionado el Ministerio», sostiene. Se ha refereido a contradicciones por la «percepción subjetiva» de los testigos «debida al paso del tiempo».

También ha significado el abogado de Audasa que tan sólo son cinco testigos, lo que «no puede tener el mismo peso» frente a los «miles de usuarios» que emplearon la autopista en aquel periodo y a la prueba documental aportada en el primer juicio.

Finalmente, ha reiterado que las 81 incidencias esgrimidas por Audasa están recogidas por las cámaras de tráfico y las papeletas de servicio de la Guardia Civil. Añade a su declaración la «falta de competencia» de la concesionaria sobre la información del estado del vial.

RECURSO

El fallo fue recurrido, por una parte por Audasa, que pide en su escrito la anulación de la resolución por falta de competencia de la jurisdicción mercantil y, de forma subsidiaria, solicitaba que la pena se ciña a los dos atascos graves que la empresa estima que hubo durante las obras.

Después presentó su recurso Fiscalía al estar en desacuerdo con la sentencia porque no estima íntegramente sus peticiones: que los beneficiarios sean todos los conductores que pasaron por la AP-9 durante los tres años de trabajos en Rande y que se prohíba a Audasa cobrar íntegras las tarifas cuando haya retenciones como las generadas por las obras.