El BNG ha calificado de «política kamikaze» las actuaciones administrativas desarrolladas para el sector eólico por la Xunta de Galicia, que, por su parte, ha defendido que el marco normativo para este tipo de proyectos sigue un «respeto escrupuloso» por el medio ambiente y la Red Natura.
Así ha respondido el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, a una interpelación parlamentaria presentada por la diputada del BNG Noa Presas en el pleno ordinario celebrado este miércoles en la Cámara gallega, donde la parlamentaria nacionalista ha instado al Ejecutivo que preside Alberto Núñez Feijóo a actuar «como el gobierno de Galicia y no como el gobierno del lobby eléctrico».
Una intervención de la representante del Bloque que ha sido tachada de «incierta» y «partidista» por parte de Conde, que ha acusado a la formación frentista de estar «contra» el desarrollo industrial en la Comunidad gallega por sus críticas al desarrollo de iniciativas de energía eólica.
Unos proyectos que, según Conde, cuentan en Galicia con un marco normativo que garantiza una planificación territorial con «respeto escrupuloso» por el patrimonio natural y las actividades económicas de las zonas donde se asientan en un radio de 15 kilómetros.
El vicepresidente segundo de la Administración autonómica ha sostenido en su intervención que todo proyecto eólico debe ser sometido a un procedimiento de evaluación ambiental ordinario, el instrumento que aporta «más garantías».
Como «ejemplo» de que estos mecanismos de control «funcionan», Conde ha señalado que de los 18 parques que entraron en funcionamiento en 2019, diez ya han sufrido cambios, bien por informes de patromonio cultural, conservación o por cuestiones energéticas o urbanísticas.
CRÍTICAS DEL BNG
«Nos preocupa que lo único que están teniendo en cuenta a la hora de implantar este modelo es que los beneficios de las empresas sean máximos», ha espetado Presas, que ha afeado a Conde que se haya pronunciado sobre la «fragmentación» de parques eólicos, un asunto sobre, como ha recordado, «ya existen» sentencias judiciales.
«Con su modelo kamikaze cualquier centírmetro del país es susceptible de acoger un plan», ha sentenciado Presas, que ha acusado a la Xunta de «poner por delante» el desarrollo de proyectos empresariales a la conservación del patrimonio.
