La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha avanzado que en el próximo mes de abril la Xunta lanzará una nueva línea de ayudas para apoyar los gastos derivados del alquiler de una vivienda a colectivos en situación de especial vulnerabilidad por la COVID-19.
En respuesta a una interpelación del BNG en el pleno celebrado este miércoles en el Parlamento de Galicia, ha recordado que esta iniciativa ya se puso en marcha el año pasado y que alcanzó a 1.091 personas. Además, ha indicado que, en el marco del Pacto Social por la Vivienda 2021-2025, este mes se convocarán subvenciones para apoyar el pago de alquileres por valor de 2,2 millones de euros y ha precisado que las ya concedidas han beneficiado a 5.000 gallegos.
Adicionalmente, ha concretado que estas líneas permitirán complementar el ‘Bono Social de Alugueiro’, destinado a los colectivos con mayores dificultades económicas, en el que se invierten 1,5 millones de euros. También ha señalado que recientemente se han convocado ayudas en términos similares para víctimas de violencia de género dotadas con 2,7 millones de euros.
En este sentido, la conselleira ha remarcado que la Xunta dispone de 3.700 viviendas públicas destinadas al alquiler social y que el coste mensual de las enmarcadas en el plan Rexurbe se sitúa en 100 euros. También ha apuntado que se ha apoyado la rehabilitación de 129 viviendas de maestros cuyo coste «no excede los 100 euros de alquiler» y ha explicado que los municipios asumen su gestión conveniada con el Gobierno gallego.
SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS Y AYUNTAMIENTOS
Asimismo, ha avanzado que se convocarán de nuevo este año ayudas a promotores privados y ayuntamientos que cubrirán hasta el 50% de la inversión en función del coste del alquiler y la retribución de los inquilinos.
Mientras, Ángeles Vázquez ha acusado al BNG de buscar «intervenir el mercado» pese a la «escasa incidencia» de esta actuación en países como Francia y Alemania. También ha alertado de que la formación frentista aspira a «aumentar la presión fiscal a grandes tenedores de viviendas», si bien ha remarcado que en la comunidad el 88% de los propietarios de disponen de uno o dos inmuebles, según el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y el Observatorio da Vivenda de Galicia.
Frente a las subvenciones concedidas en el último año y la rehabilitación de inmuebles llevada a cabo para aumentar la oferta, que ha puesto en valor, ha situado los «vaivenes» del Gobierno en materia de vivienda y la «inseguridad jurídica» que en su opinión crea la falta de acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE al respecto.
Precisamente, la titular autonómica de Medio Ambiente ha reprobado que la formación morada haya distribuido un texto a los medios, en lugar de a las comunidades, y que «haga propuestas que no determina». Además, ha advertido de que su intención de limitar el precio de la vivienda puede conllevar la creación «un mercado negro», lo que ha afirmado que la Xunta «no va permitir».
«CONTINUISMO» DEL PACTO POR LA VIVIENDA
La diputada del BNG Alexandra Fernández ha lamentado que el Gobierno gallego no haya determinado el porcentaje de vivienda pública que se busca alcanzar a través del pacto social. Así, ha denunciado que este plan representa «un continuismo» del anterior con «modificaciones que favorecen la rentabilidad de vivienda protegida» y ha aclarado que ella no planteó la limitación del precio de los inmuebles en su intervención.
Así las cosas, ha resaltado que entre febrero de 2020 y febrero de 2021 el precio de la vivienda en alquiler en Galicia aumentó un 5%, «a diferencia del resto del Estado». De hecho, Alexandra Fernández ha apuntado que la comunidad suma «30.000 hogares que destinan más del 30% de sus rentas al pago del alquiler» y que el registro de demandantes de vivienda acumula 15.000 inscritos, por lo que se ha preguntado si la Xunta prevé acometer la construcción del mismo número de domicilios de carácter público.
Ante esta situación, la diputada del Bloque la lamentado que varias generaciones de gente joven hayan afrontado distintas crisis y «no tengan capacidad para emanciparse» debido a los actuales precios del mercado de la vivienda, lo que ha achacado a la «política nula» realizada por parte del gobierno del PP.
También ha cuestionado que la Xunta anunciase ayudas de 8.000 euros para aquellos que accedan a alquilar una vivienda con derecho a compra a jóvenes y ha reprobado que se puedan beneficiar de ellas propietarios como la Sareb y entidades financieras. Mientras, ha puesto el foco en que los menores de 35 años que busquen acogerse a esta iniciativa deberán aportar el 5% del precio del inmueble, una cantidad que no podrán recuperar si finalmente no optan por adquirirlo.
