El PSdeG ha emplazado este martes a la Xunta a realizar las adecuaciones necesarias en sistema legal y sanitario de Galicia para acompasar los mecanismos públicos a la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia de forma que se garantice la posibilidad de que se pueda ejercer el derecho en Galicia en plenitud de condiciones.

«Este país tiene un derecho más, eso siempre es motivo de satisfacción», ha subrayado el diputado socialista Julio Torrado en la defensa de la proposición no de ley durante el pleno de la Cámara, en el que ha agradecido la labor de todas las personas que lucharon por su reconocimiento.

El socialista ha subrayado que se trata de un derecho «que no condiciona otro» ni «obliga». «Porque los derechos no obligan, tienen la virtud de dar a las personas la oportunidad de escoger utilizarlos o no», ha indicado en un discurso en el que ha pedido que se respete la «voluntad colectiva» que desde la aprobación de la Ley de la Eutanasia «está transformada en derecho».

Para ello, y tras recordar que la norma solo tuvo el voto en contra del PP y de Vox, ha considerado necesario que la Xunta «haga su parte del trabajo» y agilice los mecanismos para que se haga posible su aplicación. Así, ha apuntado que la ley estatal obliga a las comunidades autónomas, incluida Galicia, a constituir una comisión de evaluación encargada de recibir y evaluar las peticiones, y ha señalado que el Gobierno gallego tiene tres meses para poner en funcionamiento este órgano, una vez entre en vigor la norma.

«Pueden no estar de acuerdo con la ley, pero no pueden no aplicarla o dificultar su aplicación», ha sostenido el parlamentario del PSdeG, que ha considerado que esta actitud mantiene la Xunta con Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. «Lo mismo sucede», ha dicho, con la ley autonómica de derechos de los enfermos terminales, aprobada en 2015.

Precisamente, al respecto ha incorporado a su propuesta una petición expresa para facilitar la recogida y aceptación del documento de instrucciones previas, que es como se denomina el testamento vital. Así, ha propuesto que pueda recepcionar el documento un profesional sanitario a elección del solicitante, siempre que aquel acepte voluntariamente ser receptor.

Además, ha pedido abrir la posibilidad de dialogar con las entidades implicadas para mejorar el testamento vital, permitiendo su modificación para ser «más explícito y facilitador de las decisiones en el caso de tener que se aplicado».

APOYO DEL BNG

A la proposición no de ley defendida por Julio Torrado, que será votada en la sesión del miércoles, ha avanzado su apoyo la portavoz de Sanidad del BNG Montse Prado, quien ha subrayado que su formación siempre impulsará el reconocimiento de derechos que supongan avances como, en este caso, el tener una muerte digna.

Con todo, ha incidido en la necesidad de que las leyes aprobadas se «cumplan» para que no queden en «papel mojado». «Y el PP es especialista en no cumplirlas, sobre todo cuando se trata de derechos», ha afirmado.

Además, tras poner en valor el consenso alcanzado en 2015 para la aprobación de la ley gallega de derechos de los enfermos terminales, ha criticado que la Xunta no se esforzase en para hacer efectivos estos derechos. Es por ello que ha presentado como enmienda la disposición adicional única de esta norma, texto en el que se recogen plazos para popularizar la existencia de esta normativa y que ha sido aceptado por el PSdeG.

POSTURA DE LOS POPULARES

Por su parte, sobre la petición de adaptar el sistema sanitario para garantizar los derechos de la ley de Eutanasia, la diputada popular Marta Rodríguez-Vispo ha asegurado que el Gobierno gallego «siempre cumple las leyes vigentes, esté o no de acuerdo con ellas».

Asimismo, tras asegurar que en el Pazo do Hórreo no toca debatir sobre lo que se piensa de la eutanasia, sí ha dicho que, en su opinión, la normativa debería tener un «mayor consenso». «Fue aprobada en un momento complicado de pandemia, con poco periodo de reflexión, sin comparecencias…», ha sostenido para señalar que muchos expertos «dicen que es inconstitucional».

Tras ello, ha dicho que también los expertos «opinan que es imposible hacer cosas bien en tres meses» cuando otros países dan plazos de «12 a 18». «Una ley tan importante merece que los profesionales tengan toda la información, es un tema muy importante y no se puede hacer de un día para otro», ha apuntado.

Por ello, ha presentado una enmienda a través de la que ha pedido dirigirse al Gobierno central para constituir un grupo de trabajo sobre la aplicación de esta ley a nivel estatal para analizar todas que suscita su entrada en vigor. Con todo, sobre este punto, el socialista Julio Torrado ha avanzado su rechazo al considerar que los populares proponen disposiciones para que «no se aplique» la norma.

Por último, la parlamentaria del PPdeG también ha puesto en valor la ley de garantías para enfermos terminales, una norma que, según ha indicado, «fue tomada como referencia en otras comunidades» y sirve para «proteger la dignidad de las personas hasta el final de la vida».