Los tres grupos con presencia en el Parlamento gallego (PPdeG, BNG y PSdeG) han demandado a los gobiernos español y portugués la apertura de más pasos fronterizos entre el sur de Galicia y el norte de Portugal ante el impacto que la limitación a la circulación entre ambos países está provocando a los vecinos de ambos márgenes.

La iniciativa promovida por el Partido Popular ha salido adelante en la Comisión 1ª de la Cámara gallega con el apoyo de los tres grupos, que finalmente, han acordado incluir un segundo punto en la proposición no de ley que pide la elaboración de un estudio del impacto económico del cierre fronterizo en la Raya.

De este modo, el Parlamento insta a la Xunta a sumarse al resto de administraciones y las AECT (Agrupación Europea de Cooperación Territorial) para realizar este informe de impacto de la pandemia en los territorios transfronterizos y establecer «un plan especial» para demandar compensaciones económicas.

Estos apoyos, según reza el texto de la iniciativa aprobada, deberían partir a cargo de fondos estatales y europeas y estar orientados a los sectores «doblemente» castigados por los efectos de la crisis sanitaria y el cierre de la frontera decretado, primero en la primavera de 2020 y meses después ya en otoño.

El encargado de defender la proposición, el diputado popular José Antonio Armada, ha incidido en que, cumplido un año desde el inicio de la pandemia, «la crisis van en aumento ante una situación que no mejora a pesar de los muchos trastornos que provoca a diario».

El parlamentario ha lamentado que permanezcan cerrados 20 de los 27 pasos fronterizos que existen entre Galicia y Portugal con el consiguiente impacto económico en una región que, como ha recordado, comparte actividad.

Por su parte, el diputado del BNG Luís Bará ha recordado que la frontera entre Galicia y Portugal, a pesar de tener solo «el 5%» de la extensión del límite entre países, concentra «el 50%» de la movilidad entre el país luso y España, lo que «da muestra de la realidad de la relación» entre las comunidades de ambas zonas.

Por ello, ha censurado «decisiones que se toman a 600 kilómetros de distancia con la más absoluta ignorancia, desconocimiento y desprecio a la gente que vive en estos territorios».

JUZGADOS DE PONTEVEDRA

Por otra parte, en la Comisión 1ª celebrada este miércoles también salió adelante otra proposición no de ley que demanda a la Administración autonómica la revisión de las dependencias judiciales para habilitar espacios que eviten que las víctimas y agresores se crucen.

El texto de la iniciativa, presentada por el Grupo Socialista, fue aprobado por unanimidad después de ser modificado, ya que inicialmente solicitaba la adecuación de las dependencias del juzgado de A Parda, en Pontevedra, para las víctimas de violencia de género.