La sección sindical de la CIG en Universal Support ha denunciado este martes las «precarias condiciones» en las que se encuentran los trabajadores que realizan la atención telefónica de la covid-19, puesta en marcha por la Xunta al inicio de la pandemia.

«Aunque la información trasladada por la empresa a la representación social es escasa», critican, «se sabe que una parte importante de las personas que prestan el servicio están en fraude de ley, debido a que la empresa las tiene contratadas con un contrato eventual por circunstancias de la producción».

Esa modalidad, explica la CIG, según artículo 14 del convenio colectivo de Call Center aplicable, sólo puede ser utilizada de modo continuado durante cuatro meses, «con una única prórroga posible por acuerdo entre las partes y sin que la duración total supere ese período máximo». No obstante, la sección sindical de la CIG advierte que «hay gran cantidad de trabajadores que renuevan mensualmente su contrato con la modalidad más precaria, y que ya superaron esos cuatro meses sin que se les cambie el contrato a uno de obra o servicio, como correspondería».

Para la CIG, el «único objetivo de esta actuación» es «disponer libremente del personal y poder prescindir de él con facilidad cuando disminuya el trabajo, sin cumplir las formalidades reservadas para el contrato de obra».

La central sindical considera «intolerable» que «en una campaña de tanta trascendencia social y en la que tiene tanta responsabilidad», la administración pública «consienta estas prácticas claramente perjudiciales para estos trabajadores, que vienen desempeñando una labor esencial desde el inicio de la emergencia sanitaria».