La representación procesal del Ayuntamiento de Sada ha presentado este lunes su recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que ratifica como parte del patrimonio público el pazo de Meirás, pero que obliga a pagar a los Franco una indemnización por los gastos desde 1975. En él, alega, entre otras cuestiones, la existencia de «mala fe» por parte del dictador y sus herederos.
Según informa el consistorio, el recurso, que integra un motivo de infracción procesal y tres de casación, considera que la sentencia de la Audiencia «no se ajusta a derecho respeto de la condición posesoria de buena fe que dicha sentencia le atribuye a los nietos del dictador y con efectos de 1975».
Partiendo de la prueba existente y la practicada en el proceso, asevera que «se justifica que la conclusión jurídica de la Audiencia, la buena fe de Franco y de los Franco, es jurídicamente errónea, tal y como se expone en los motivos casacionales».
«En primer lugar, Franco fue un poseedor de mala fe, plenamente consciente y conocedor de la nulidad radical de la escritura de 1941». «La propia sentencia reconoce expresamente el ‘constante intento’ de Franco para crear un título simulado, una completa ficción, la escritura de 1941, con el que hacer suyo el pazo», argumenta el consistorio.
«Lo que la sentencia califica como entramado engañoso», recalca en su recurso por lo que entiende que la conclusión debió ser «la declaración judicial de mala fe en la posesión de Franco». «MALA FE TRANSMISIBLE»
Contrariamente a lo indicado en el fallo de la Audiencia, sostiene que «la mala fe es transmisible a sus herederos, dado que eran éstes, y no el Estado, quien debia tener acreditado y probado una ignorancia y desconocimiento del vicio radical de su título posesorio» para lo que invoca jurisprudencia del propio Supremo.
Por último, considera que «no hay fundamento legal ninguno para aplicar retroactivamente una supuesta y hipotética condición de buena fe de los actuales herederos para proyectarla retroactivamente a 1975, cuando consta acreditada y probada la presencia posesoria del Estado hasta 1990». «Ni Franco fue poseedor de buena fe ni los actuales herederos, tampoco», insiste.
Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de Sada solicita la estimación del recurso, reclamando la liquidación posesoria de mala fe, tanto de los actuales herederos como de sus ascendentes, incluido el propio Franco, «lo que, de estimarse, supondría que el saldo neto de dicha liquidación seguramente supondrá que sean los Franco quien deban compensar al Estado por una posesión detentada durante tantos años», explica.
Por otra parte, el gobierno municipal expresa su satisfacción por el hecho de que haya ahora «una posición común» de todas las partes: Estado, Xunta, Diputación y ayuntamientos de A Coruña y de Sada. «Va a ser la primera vez que el Supremo se pronuncie sobre los bienes detentados por los Franco y la sentencia proyectará efectos sobre otros bienes», afirma, a este respecto, el regidor de Sada, Benito Portela.
LA DIPUTACIÓN APELA A LA «COHERENCIA»
Respecto a los recursos contra el fallo de la Audiencia de A Coruña, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, destacó que este organismo provincial fue «coherente desde el primer momento».
Así, ha resaltado que tanto esta institución como los ayuntamientos de Sada y A Coruña mostrasen su disposición a recurrir «desde el minuto uno», frente al posicionamiento inicial de no hacerlo de Estado y Xunta.
«Sabemos las dificultades a las que nos enfrentamos para que prospere este recurso, pero hay aprovechar los mecanismos legales para expresar la voluntad popular y social». «Pelear hasta el último suspiro para evitar conceder dinero público a una familia que no lo merece», ha dicho Formoso que ha calificado de «reprochable» no solo la actitud del dictador sino también la de sus herederos.
«RESQUICIO» JURÍDICO PARA LA XUNTA
Mientras, a preguntas de los periodistas, después de que la Xunta presentase también recurso, en línea con lo decidido finalmente por el Estado, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, aseguró que la Administración autonómica estuvo «desde el primer momento, alineada con la Abogacía del Estado», del que ha dicho que era la parte «legitimada» para promover el citado recurso.
Sobre el mismo, ha indicó que se presentó por parte de la Xunta porque había «un pequeño resquicio». «Esperamos que la unidad de las administraciones posibilite que no haya que transferir ningún recurso a la familia Franco», ha sentenciado el conselleiro quien, no obstante, ha insistido en que se trata de una «cuestión jurídica». Por ello, ha apelado a esperar a ver lo que dicen «los órganos judiciales».
APERTURA DEL PAZO
Preguntado también sobre la apertura del pazo y si ya hay fecha, ha vuelto a demandar que se abra «lo antes posible» para que esté disponible para actividades culturales y sociales y sea «un espacio vivo». «Donde se vea que los valores de una democracia son superiores a cualquier dictadura», ha expuesto sumando a ello el que la ciudadanía sepa que en ese inmueble vivió la escritora Emilia Pardo Bazán y que se convierta, además, en un «faro de la igualdad».
