La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) hace un llamamiento a la supresión o modificación del polémico artículo 18 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se tramita en el Congreso, ya que si se aprueba «podría obligar al cierre de numerosas instalaciones y a la pérdida de miles de empleos».

A través de un comunicado, la patronal gallega insta a cambiar el artículo 18 de este proyecto legislativo, enviado a la Cámara Baja por el Ministerio para la Transición Ecológica, para «eliminar la inseguridad jurídica y la falta de estabilidad» que generará, según asegura, a las empresas del sector mar-industria.

En este contexto, la CEG considera «necesario unir esfuerzos para defender desde Galicia un sector estratégico» para la Comunidad, que cuenta –de acuerdo con sus cifras– con 4.000 empresas y 37.000 empleos. Tal y como advierten los empresarios, este nuevo texto «puede dar lugar a la deslocalización de actividades».

Además, la patronal gallega apoya la iniciativa que recientemente aprobaba el Parlamento autonómico para que la Xunta tenga la gestión del dominio público marítimo-terrestre «dadas las particularidades y necesidades específicas» de la Comunidad en esta materia.

A pesar de su oposición a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Confederación de Empresarios de Galicia confirma su «apuesta por la economía verde», que radica en el aspecto «social, económico y ambiental».

«Por lo tanto, no se pueden adoptar decisiones que condicionen la supervivencia de las empresas o generen incertidumbre en un momento económico como el actual, promoviendo el cierre o la deslocalización», avisa, para seguidamente señalar al sector mar-industria gallego como «pionero» en adoptar medidas por la sostenibilidad.

TÚNEL DE O FOLGOSO, EN LA A-52

Por otra parte, la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), las cámaras de comercio de Pontevedra, Vigo, Vilagarcía de Arousa y Tui, así como la Asociación de Empresarios Transporte Discrecional de Mercancías de Pontevedra (Asetranspo) y la Asociación de Empresarios del Polígono A Granxa reclaman conjuntamente la apertura del túnel de O Folgoso, situado en la A-52.

Para todas estas entidades, es «injustificable» que las obras de reparación «no solo no hayan terminado ni se agilicen», sino que la Delegación del Gobierno «se haya insinuado que pueden prolongarse más allá de los tres largos meses estimados originalmente».

«El Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana no sólo no es capaz de poner fecha al fin de las obras de reacondicionamiento del túnel, sino que no cumplirá los tres meses planteados en un principio», lamenta el presidente de la patronal pontevedresa, Jorge Cebreiros. Asimismo, asegura que los avances tecnológicos permiten construir prácticamente «cualquier infraestructura» en cuestión de días».

Los empresarios calculan que la situación actual, con el desvío por la N-120, incrementa los tiempos entre 20 y 30 minutos por desplazamiento, lo que conlleva también «un mayor consumo de combustible» y un «incremento del coste del personal afectado».