El complejo mar-industria reactiva su ‘ofensiva’ en busca de apoyos políticos para tumbar los cambios normativos que limitan las concesiones en la costa, en el marco de una nueva ley de cambio climático que, han vuelto a denunciar, se ha gestado «a espaldas del sector».
Así lo ha trasladado este jueves en rueda de prensa el presidente de la Confederación Mar Industria Alimentaria-CMIA (y presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia), Juan Manuel Vieites, tras conocerse la votación de la ponencia sobre la ley en la Comisión de Transición Ecológica. Dicho órgano dio luz verde a los primeros artículos de la norma (entre ellos el polémico artículo 18, que afecta a las concesiones en la línea de costa) con los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos, Bildu, ERC, Grupo Mixto y Grupo Plural (en el que está integrado el BNG).
Vieites ha lamentado el sesgo «ideológico» de la ley que, a su juicio, no tiene en cuenta los condicionantes socioeconómicos y las consecuencias que tendrá para decenas de empresas de sectores como la conserva, los cocederos, depuradoras de moluscos, piscifactorías, etc. así como las industrias y servicios auxiliares asociados.
Por ello, ha señalado que el sector mantendrá las presiones y tratará de «convencer» a los grupos para conseguir una modificación de ese artículo, para lo que «se necesitan dos votos y una abstención».
En ese sentido, ha «retado» al BNG a promover un cambio en el grupo plural porque Galicia «se está jugando mucho», y ha criticado el cambio de ERC, del que esperaban un posicionamiento favorable a sus tesis después de las enmiendas presentadas.
«CATÁSTROFE POTENCIAL» PARA LAS EMPRESAS
En la misma línea, el secretario de la CMIA, Fernando Otero, ha advertido de que cualquier reforma de la legislación que afecte a las concesiones en la costa «sin contar con Galicia» es «un despropósito» y una «catástrofe potencial» para todas las empresas que solo pueden desarrollar su actividad al lado del mar.
Además, ha añadido que al sector le preocupa que la nueva ley sea la antesala de otras modificaciones que afecten a los deslindes en la línea de costa.
El artículo 18 de la ley contempla la limitación temporal de las concesiones y de las prórrogas, de manera que esos períodos suplementarios empiezan a contar desde el inicio de la concesión y no desde cuando se solicitó la prórroga. Esto supone un recorte en el tiempo de los permisos y que incluso alguna empresa ya haya agotado ese tiempo.
«Se podrían pedir nuevas concesiones, pero serían procesos complejísimos, desde cero. Y, por otra parte, si las empresas tienen que instalarse en polígonos a varios kilómetros del mar, ¿cómo pueden trabajar?», ha incidido.
RIESGO DE «DESLOCALIZACIÓN»
El presidente de la Asociación de Empresarios Depuradores y Comercializadores de Moluscos (Agade), Roberto Fariña, ha alerta del riesgo de «deslocalización» de la industria hacia otros territorios donde «sí se apoya» esta actividad, y se ha referido a países como Portugal o los Países Bálticos, donde se tiene en cuenta que «estas empresas no contaminan nada».
Según Fernando Otero «tarde o temprano todas las empresas» que están en la costa se verán afectadas, y ha hecho un llamamiento a «concienciar a la sociedad» del problema que se avecina, y que no solo afectará a las economías de las poblaciones costeras.
Finalmente, el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, ha trasladado su respaldo a este sector, y ha lamentado «la poca influencia» que tienen los diputados gallegos de los grupos que han apoyado la ley de cambio climático en esos términos.
