El abogado del exalcalde pedáneo de Bembrive (Vigo), Roberto Ballesteros, ha pedido la libre absolución de su patrocinado porque «no ha cometido ninguno de los delitos que se le imputan». Así lo ha manifestado durante la segunda sesión del juicio por estos hechos, que este miércoles ha quedado visto para sentencia.

En la vista, que se ha celebrado en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, el letrado ha sostenido que durante el juicio se ha «desmontado que se hubiera establecido un sistema de facturas falsas y para el enriquecimiento personal» de su cliente.

«El alcalde no se enriqueció durante su etapa como tal, de hecho vino a este juicio con un abogado de oficio», ha recordado el propio letrado, que ha llamado a que por parte de las acusaciones «no se trate de hacer ver que esto era una organización para delinquir».

Por su parte, el abogado del constructor acusado en la causa ha remarcado que su patrocinado es «un albañil» que tiene una «sociedad unipersonal» y hace «muy pequeños trabajos» por la Entidad Local de Bembrive.

En esta línea, ha incidido en que «hay ausencia total y absoluta de dolo» por parte de su cliente, y ha remarcado que a partir de las pruebas «no se puede asegurar que no hiciese esos trabajos», en referencia a la ampliación de una zona adoquinada en la Praza da Cruz, objeto del juicio.

En su turno final de palabra, Ballesteros ha reiterado que «es evidente que las obras están hechas» y ha recalcado que el constructor fue quien las llevó a cabo. Finalmente, el Tribunal ha dejado el procedimiento visto para sentencia.

POSICIÓN DE LA FISCALÍA

En el juicio, que arrancó este martes, la Fiscalía y la acusación particular han considerado que la obra fue realizada en su totalidad por otra empresa, puesto que han apreciado discrepancias por el tamaño de los adoquines, la cantidad de material comprada, el momento en que supuestamente se realizaron las acometidas y el contenido de la factura de la constructora.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Ballesteros contrató una obra en la pedanía por algo más de 15.700 euros, y que fue ejecutada entre septiembre y octubre de 2014. Posteriormente, se concertó con el representante legal de otra constructora y simuló la contratación verbal de otra obra por importe de más de 9.400 euros.

Esta segunda obra nunca se ejecutó y los conceptos de los trabajos que figuraron en la factura, pagada en 2015, se correspondían con los ya realizados por la otra empresa, que hizo las obras en 2014.

El Ministerio público considera a Ballesteros autor de un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación, así como cómplice en el delito de falsedad documental. Mientras, acusa al representante de la constructora de ser autor de un delito de falsedad y cooperador necesario en un delito de malversación.

Por ello, pide que el primero sea condenado a penas que suman 4 años y cinco meses de cárcel, 17 años de inhabilitación y a pagar una multa de 3.750 euros; mientras que para el constructor solicita penas que suman 3 años y 8 meses de prisión, y multa de 6750 euros. Además, ambos deberán indemnizar a la entidad local en los más de 9.400 euros pagados por la obra supuestamente inexistente.

CONDENA ANTERIOR

El exalcalde pedáneo de Bembrive ya fue condenado en 2017 (la pena fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2018) por un delito de prevaricación a 7 años de inhabilitación, por haber suspendido (en junio de 2013) las retribuciones de los vocales del PP en la entidad local menor.

En la sentencia condenatoria, del Juzgado Penal número 3 de Vigo, se señalaba que Ballesteros tomó esa decisión «a sabiendas de su injusticia y no obstante ser apercibido por el secretario-interventor de la ausencia de legalidad en su resolución». Tras esta condena, Ballesteros presentó su dimisión.

Antes de eso, estuvo envuelto en otra polémica, ya que fue denunciado en 2011 por una excompañera socialista. La denunciante sostenía que Ballesteros cobraba comisiones a cambio de favores en el Ayuntamiento de Vigo (además de alcalde pedáneo, era funcionario en el consistorio olívico).

Los juzgados abrieron diligencias, pero la causa se acabó archivando por falta de pruebas, y, aunque incluso se puso en marcha una comisión de investigación en el propio Ayuntamiento, ésta también concluyó sin ningún tipo de medida sancionadora.