Iniciativa Galega pola Memoria ha mostrado su satisfacción por la decisión del Estado de recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que, además de obligar a indemnizar a la familia Franco, establece la buena fe en el proceder del dictador y su descendencia.

Para el colectivo, el cambio de parecer de los gobiernos, tanto estatal como autonómico, muestra «la fuerza de la lucha por la memoria que el pueblo gallego viene ejerciendo desde hace décadas».

«Sin el esfuerzo maratoniano realizado en los últimos quince días por millares de personas y docenas de colectivos gallegos y estatales, las administraciones avalarían una sentencia que resulta totalmente inasumible desde el punto de vista democrático».

«RELATO EDULCORADO»

«No solo por pretender institucionalizar el expolio a través de la entrega de dinero público a quien lo realizó, sino también por dar por bueno un relato edulcorado de la dictadura genocida que supondría una nueva burla a las víctimas», sostiene en un comunicado.

En él, insiste en que la «lucha social fue clave para finalizar con la incomprensible pasividad que las instituciones democráticas mantuvieron durante más de cuarenta años respeto al expolio de la familia Franco».

«El cambio que supuso la interposición en julio de 2019 de la demanda para la recuperación de Meirás vino provocado por años de movilización social», recalca en un comunicado en el que destaca el trabajo de los integrantes de la Comisión pola Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña y de los investigadores Carlos Babío y Manuel Pérez.

Iniciativa Galega pola Memoria agradece, en particular, el esfuerzo de ambos, «así como de todas las personas que, a través de su firma, de su trabajo en las diferentes organizaciones memorialísticas o con su discurso en las redes o en el seno de sus respectivas agrupaciones políticas, empujaron para lograr, de nuevo, cambiar lo que parecía inamovible», señala sobre el cambio de criterio del Gobierno.