El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, se ha congratulado por el operativo policial que están llevando a cabo, desde las nueve menos cuarto de la mañana aproximadamente, agentes de la unidad central de delincuencia económica y fiscal (UDEF), con la presencia también de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la factoría.
A las puertas de la fábrica, Corbacho –uno de los cuatro representantes sindicales despedidos por la empresa, junto con una trabajadora–, se ha mostrado confiado en que este operativo sea «el principio del fin» a lo que ha calificado como un «engaño» y una «estafa», en relación a la venta por parte de la multinacional Alcoa primero al fondo Parter Capital Group y este, a su vez, al Grupo Riesgo.
En concreto, la Policía Nacional desarrolla el operativo por la supuesta despatrimonialización fraudulenta de las plantas de producción de aluminio que eran propiedad de Alcoa en A Coruña y Avilés, en el marco de una investigación dirigida por el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
Corbacho ha explicado que los trabajadores, pese a la presencia policial –con agentes en el interior y otros tres y un coche policial en el exterior de las instalaciones–, están desarrollando su trabajo en la fábrica y ha confirmado que por la tarde, a las 17,00 horas, se mantiene la concentración que convocan cada día en el marco de la huelga indefinida por el despido de una trabajadora.
«Hay más motivos para celebrar que la justicia y ese saber la verdad está funcionando», ha reconocido en declaraciones a los periodistas. En particular, ha subrayado el hecho de que «las cosas empiecen a esclarecerse» tras las denuncias formuladas por los sindicatos ante la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, además de otros órganos judiciales.
COLABORACIÓN
Sobre la presencia de la UDEF, ha admitido que ha sido una «actuación imprevista» en esta jornada, aunque «esperada». «Sabíamos que la investigación está bastante avanzada», ha manifestado después de que la Audiencia Nacional admitiese a trámite la querella presentada contra un total de diez personas físicas y nueve jurídicas.
Por otra parte, no ha descartado que «precipitasen los acontecimientos» los despidos en la fábrica y la sentencia que condenó a la empresa por vulneración del derecho a la libertad sindical en el marco de la huelga que mantienen.
Ante la presencia policial, el presidente del comité de empresa ha pedido a la plantilla «la máxima colaboración». «Para que se esclarezca la verdad y poder llevar a cabo esas actuaciones en el ámbito judicial, que exijan responsabilidad a todas las empresas implicadas en este engaño tremendo», ha dicho sobre el proceso de venta.
HOJA DE RUTA
Asimismo, ha aprovechado para pedir de nuevo a las administraciones estatal y autonómico que se establezca ya una «hoja de ruta» que dé garantías de futuro a la fábrica y al empleo.
Corbacho ha descartado una mesa social «con empresas implicadas en esta estafa» y ha apelado a hacerla con la presencia de las administraciones y la parte social.
«Toca confeccionar esa salida», ha insistiendo, pidiendo «tranquilidad» en estos momentos ante la investigación policial, pero también apelando a las administraciones para dar «un paso firme» para buscar una «salida» industrial.
