Todos los grupos se han unido en la Cámara gallega para instar a la Xunta a adoptar las medidas a su alcance para evitar el traslado desde A Coruña a Madrid del centro de operaciones de Naturgy, que afecta a 28 empleados, y cualquier otra deslocalización.
En la Comisión de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, el PSdeG ha conseguido el apoyo del BNG y el PPdeG a una iniciativa de impulso para demandar al Ejecutivo autonómico que obligue a la empresa, como principal suministradora eléctrica de la comunidad, a garantizar la calidad del servicio en toda Galicia.
La proposición no de ley (PNL) ha sido defendida por el diputado socialista Pablo Arangüena, quien ha remarcado que la explotación de embalses y parques eólicos en Galicia por parte de la empresa debe conllevar una responsabilidad social corporativa y que la Xunta debe vigilar su cumplimiento.
De este modo, ha recordado que el Gobierno gallego dispone de las competencias y los medios para ejercer «presión» sobre la empresa y ha criticado que no haya actuado para evitar que esta haya optado por «una deslocalización constante».
Mientras, la diputada ‘popular’ Marta Nóvoas ha recalcado que la Xunta y el PPdeG no comparten la decisión de Naturgy de trasladar su centro operativo a Madrid y ha recordado que este departamento asume la supervisión del funcionamiento de la red eléctrica gallega y coordina el personal de mantenimiento y las averías.
Además, ha puesto en valor la labor controladora del Gobierno gallego respecto al servicio prestado por Naturgy. Así, ha asegurado que se han incoado más de 2.400 expedientes sancionadores frente a los nueve abiertos por el gobierno del bipartito entre 2005 y 2009. Marta Nóvoa también se ha referido a la «solución industrial» para Cerceda tras el cierre de la central de Meirama, «autorizado por el Gobierno de Pedro Sánchez».
Por su parte, el diputado del BNG Ramón Fernández ha apoyado la iniciativa de impulso y ha alertado de la destrucción de empleo en la comunidad que conllevará la decisión de la empresa de trasladar a sus trabajadores a Madrid.
Así, ha denunciado que «en Galicia solo se exploten los recursos», pero «no se generen empleos» y se ha preguntado «qué clase de gobierno» permite la «destrucción» de puestos de trabajo por parte de «empresas que gestionan infraestructuras esenciales».
INICIATIVA RECHAZADA
En otro orden de cosas, en esta comisión los diputados ‘populares’ han rechazado una iniciativa presentada por el BNG y apoyada por el PSdeG. Así, la formación frentista buscaba que el Gobierno gallego paralizase las medidas que Galicia Téxtil buscase adoptar de modo unilateral y participase en negociaciones con la empresa y los trabajadores para buscar una salida.
El BNG también presentó una enmienda a su propio texto para instar a la Xunta a personarse en el proceso judicial de impugnación del despido colectivo aplicado por Galicia Téxtil a 13 de sus 36 empleados y a condicionar la concesión del aprovechamiento hidráulico de la Presa do Rei en el río Xuvia de la que dispone al mantenimiento del empleo. Asimismo, la representación de los trabajadores de la empresa, situada en Neda (A Coruña), acudió a la sesión.
Aunque el PPdeG solicitó que la votación pudiese realizarse sin la enmienda, el BNG lo rechazó y los ‘populares’ la rechazaron. La diputada del PPdeG Cristina Sanz justificó el voto en contra al afirmar que la intervención de la Xunta como autoridad laboral debería haber tenido lugar antes del cierre del periodo de consultas del expediente y aseguró que condicionar una concesión al mantenimiento del empleo no puede encajarse en la legalidad.
