La Xunta ha comunicado la resolución por la que deniega la aprobación del proyecto para la reapertura de la mina de cobre entre los municipios coruñeses de Touro y O Pino.

De este modo, la resolución de la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais –dependiente de la Consellería de Economía– pone fin al proyecto al dar continuidad a la declaración de impacto ambiental desfavorable emitida en enero de 2020 por la Consellería de Medio Ambiente.

Esta resolución ha sido notificada a la empresa, Cobre San Rafael SL. Así, la Xunta remarca que cualquier iniciativa minera debe contar con «todas las garantías técnicas, ambientales y urbanísticas, y todos los requerimientos que marca la legislación».

Además, esta resolución de la Xefatura Territorial también rechaza la aprobación del plan de restauración presentado para esta actividad minera, ya que, entre otros motivos, corresponde a un proyecto de explotación rechazado. Está previsto remitir en los próximos días un segundo requerimiento a la empresa para solicitar la actualización de este plan de restauración.

FALTA DE «SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL»

En la declaración de impacto ambiental negativa emitida por la Consellería de Medio Ambiente en enero de 2020, se apuntaba a que «no se garantizaba la sostenibilidad ambiental».

Así, había dos informes técnicos «desfavorables» e «insalvables» de Patrimonio Natural y de Augas de Galicia. Entre otras cuestiones, apuntaba a la afectación del proyecto minero en la «calidad de las aguas» de los municipios de O Pino y Touro, al tiempo que «si hay un desastre» no se garantiza la protección de una zona de especial conservación (ZEC).

Y es que un estudio solicitado a Augas de Galicia concluye que la actividad minera aumentaría la presión hídrica sobre las aguas del entorno, con el consecuente riesgo para un estado ecológico óptimo.

PROYECTO POLÉMICO

El proyecto para la reapertura de la mina de Touro se encontró con fuerte rechazo social desde sus comienzos, con la puesta en marcha de una activa plataforma vecinal, unido a múltiples movilizaciones en la comarca.

Hace unos años la Xunta también denegó otro polémico macroproyecto minero a cielo abierto, el de Corcoesto, en el municipio de Cabana de Bergantiños (A Coruña), si bien en aquel caso fue por razones financieras y técnicas.

Atalaya Mining (que cotiza en bolsa en Londres y cuyos socios de referencia son un grupo chino y otro con sede en Suiza) y Explotaciones Gallegas (propietaria del terreno, que extrae áridos y a la que la Xunta abrió varios expedientes) son las compañías promotoras de Cobre San Rafael, que impulsa la explotación de unas 700 hectáreas de superficie.

En mayo de 2017, se presentó ante la Consellería de Industria el proyecto, mientras en octubre de 2018 comenzó el procedimiento ambiental, que concluyó en 2019 con una valoración negativa. En la exposición pública la Xunta recibió unas 1.200 alegaciones.

La compañía Cobre San Rafael cifró en 7,5 millones de euros la inversión realizada hasta el término de 2019 para la reapertura, con años en los que se han realizado centenares de prospecciones. El objetivo era invertir unos 200 millones en 15 años, con la creación de unos 400 empleos directos, según estimaciones de la empresa.

En cambio, colectivos ecologistas denunciaron en el juzgado filtraciones de agua de la antigua explotación minera que funcionó en la localidad coruñesa hasta finales de la década de los 80 y en la que se asentaba, en parte, el proyecto ahora denegado.