El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga) ha denunciado la proliferación de restaurantes y lavanderías clandestinos en viviendas, unas actividades que «antes eran residuales» en la Comunidad gallega.

De este modo, en un comunicado remitido a los medios, la secretaria del Colegio, Teresa Suárez Agrasar, alerta del incremento de las llamadas «dark kitchens», «cocinas fantasma donde se elabora y reparte comida de forma habitual y cuyos propietarios no cuentan con los permisos y licencias necesarios para realizar esta actividad».

Teresa Suárez asegura que «muchos responsables de estos negocios ilícitos son profesionales que han tenido que cerrar sus establecimientos a causa de la pandemia o inmigrantes que cocinan recetas de sus países de origen o bocadillos en grandes cantidades, que luego distribuyen por toda la ciudad o entregan a los clientes directamente».

El Colegio sostiene que, además de ser una «actividad clandestina que no cuenta con los permisos oportunos», la «falta de instalaciones adecuadas y seguras pone en riesgo a las comunidades de propietarios que viven en esos edificios».

Asimismo, señala que otra «actividad ilícita en auge» es el lavado de ropa en cantidades industriales dentro de las viviendas. «Hemos visto casos de pisos con varias lavadoras o incluso trasteros con cinco o seis máquinas», apunta.

«Se conectan a la corriente de agua comunitaria y están realizando coladas todo el día», denuncia la secretaria del Colegio, que subraya que estas actividades tampoco «se puede realizar sin acondicionamiento previo y sin los permisos reglamentarios».

Además de estas actividades, los Administradores de Fincas también alertan de otras actividades ilegales, «como arreglo de coches en garajes privados que posteriormente se ponen a la venta», o el «cultivo de marihuana y prostitución, esta última con un crecimiento exponencial».

«La razón de que estás actividades se sigan realizando con impunidad se debe a la lentitud administrativa y a que para denunciar se precisa del acuerdo previo de la junta de propietarios del edificio, algo que no siempre se produce», señalan desde el Colegio, que considera que la colocación de cámaras de videovigilancia en los portales podría ser un elemento disuasorio para este tipo de negocios e insisten en que se precisa del acuerdo de la asamblea de propietarios para que las denuncias sean efectivas.