La Asociación de Centros de Día de Galicia ha presentado a la Xunta y a los grupos parlamentarios gallegos un informe sobre el impacto de la pandemia de la covid en estos equipamientos, para su consideración en el plan de reactivación económica y social de la comunidad.
En octubre, la plataforma de centros de día se convirtió en asociación. Y es que, según explica, los acontecimientos «pusieron de manifiesto la necesidad de recurrir al asociacionismo como única vía para defender los intereses del sector, así como de tener un interlocutor válido que lo represente en el diálogo y negociaciones con las administraciones».
«Esta situación nos está mostrando que somos mucho más eficaces con la implicación, organización y coordinación de todos los agentes implicados», subraya.
En el informe, plantea una serie de mejoras para los centros de día, como que la administración «tenga en consideración la experiencia y conocimiento del sector a la hora de tomar decisiones que les afecten directamente» y que se reconozca a estos equipamientos como «servicios esenciales».
Al respecto, apunta que el servicio de ayuda en el hogar representa «un recurso más» pero «en ningún caso sustituye los servicios prestados en los centros de día».
La asociación entiende también que la Dirección Xeral de Atención Integral Sociosanitaria tiene un papel «fundamental» en la puesta en marcha de acciones de mejora y coordinación de los centros de día con la atención primaria.
En este sentido, reclama «mecanismos de interacción que permitan elaborar un mapa de las necesidades y poner sobre la mesa propuestas de cómo abordarlas».
EL COSTE DE LOS CIERRES
Advierte de que los cierres de los centros de día, «además de suponer un coste humano muy elevado, también supusieron un coste excesivo para la Xunta y ayuntamientos», que cifra en 8 millones en el servicio de atención en el hogar «extraordinario», 11 en bonos ‘Coidado familia’ y ayudas directas para los costes fijos de los centros de día.
«El estado habría ahorrado mucho dinero si los centros de día no tuvieran cerrado», concluye. Por último, apunta que la pandemia «evidenció la necesidad de coordinación sociosanitaria que facilite la cooperación entre el sistema de salud y el sistema de servicios sociales».