La Xunta ha encuadrado en «cuestiones técnicas» que la sentencia de la Audiencia Provincia de A Coruña que ratifica la titularidad pública del Pazo de Meirás obligue al Estado a indemnizar a los herederos del dictador Francisco Franco por los gastos generados en el uso del complejo desde el año 1975.
«Lo importante es que Meirás forma parte del patrimonio público», ha declarado el director xeral de Políticas Culturais, Anxo Lorenzo, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado del BNG Luis Bará sobre la realización de un inventario de los bienes en manos de la familia Franco en Galicia.
La cuestión ha derivado hacia el fallo que reconoce a los herederos del dictador el derecho a ser indemnizados por la recuperación del Pazo de Meirás, una decisión que la Abogacía del Estado rechaza recurrir ante el Tribunal Supremo.
El responsable de la Consellería de Cultura ha recordado que, como parte coadyuvate en la demanda, la Xunta «respeta» los argumentos esgrimidos por los magistrados para decretar que los Franco sean compensados económicamente.
«No voy a valorar una sentencia de una Audiencia Provincial. Nos pronunciamos respetando la sentencia del juzgado de primera instancia e igual con la de la Audiencia Provincial», ha incidido Lorenzo, que ha apelado al «respeto» a la separación de poderes y la independencia judicial para no entrar en consideraciones sobre los términos del fallo.
Una sentencia donde, como ha destacado, «lo importante» es que se reconoce que las Torres de Meirás forman parte del patrimonio público, mientras que «otras» cuestiones recogidas en el fallo son asuntos «técnicos».
«CONSECUENCIAS A FUTURO»
Por su parte, el diputado nacionalista ha advertido de las «consecuencias a futuro» que, a su juicio, puede acarrear la sentencia sobre Meirás en otros procesos de recuperación de bienes «espoliados» por la dictadura y que permanecen en posesión de los Franco.
Para Bará, el fallo «es inasumible» y «debe recurrirse ante el Supremo» en aras de «la verdad» y en reconocimiento de «la memoria de las víctimas» y del trabajo desempeñado en los últimos 40 años por personas y colectivos en defensa de la memoria histórica.
«Si no se recurre, estamos reforzando la posición de los Franco, que sí han anunciado que presentarán el recurso de casación», ha incidido Bará, que ha espetado que, a su juicio, el proceder revela que existe «un acuerdo tácito entre Xunta, Estado y Franco para esta solución de conveniencia: unos se quedan con el pazo y los otros con la pasta».
INVENTARIO DE BIENES
Sobre el requerimiento de realizar un inventario de bienes en manos de la Franco, Anxo Lorenzo ha recordado que en el año 2019 fue rechazada en la Cámara autonómica una iniciativa que solicitaba este estudio.
«Entiendo que forma parte de la estrategia de su grupo parlamentario, que es totalmente legítima», ha apostillado el responable de Cultura.
