Unidas Podemos ha presentado una iniciativa parlamentaria en la que piden al Ministerio de Transportes que investigue si la concesión de la AP-9 hasta el año 2048 que se aprobó durante el Gobierno de Aznar cumple con el marco jurídico europeo porque, de no ser así, han asegurado que «se podría recuperar la infraestructura en 2023».

Así lo ha trasladado en rueda de prensa el diputado de Unidas Podemos Antón Gómez Reino, quien ha reivindicado que es una infraestructura «fundamental» para la realidad de Galicia porque conecta al 70 por ciento de la población.

En este sentido, ha expuesto que, además de conseguir la transferencia de la autopista a Galicia, su Grupo Parlamentario desde que llegó a la Cámara ha mostrado la necesidad de recuperar la AP-9 para lo público.

Por ello, ha manifestado que la iniciativa es el resultado del estudio de los diferentes decretos por lo que se han ido ampliando las concesiones de esta infraestructura, particularmente de los Reales Decretos con los que Aznar y Rajoy fueron ampliando las concesiones.

«PODRÍA DECAER EL DECRETO»

«Tenemos serias dudas después de este trabajo de que el Decreto firmado por Aznar que ampliaba la concesión del 2023 al 2048 fuese regular y que cumpla con la normativa europea en lo que tiene que ver con contratación pública», ha señalado el parlamentario, para después explicar que si no cumple con lo que establece la UE, «podría decaer el decreto».

Según el dirigente de UP, el decreto aprobado por Aznar «se refería a una obra nueva» en la que se amplió un tramo de nueve kilómetros y, en este punto, se encontraría el escollo. «Cuando se hace un tramo hay que abrir a licitación pública. No fue así y se utilizó para la ampliación de esta concesión», ha apostillado Gómez Reino.

En definitiva, si fructífera esta iniciativa, se podría abordar la recuperación de la AP-9 y, tal y como ha resaltado el diputado, esto significaría el ahorro de las bonificaciones que, de lo contrario, tendría que hacer por vía Presupuestos Generales del Estado el Gobierno todos los años hasta el 2048.

Por último, ha avanzado que han solicitado una reunión con el Ministerio de Transportes para tratar la cuestión, así como con colectivos gallegos que llevan muchos años denunciando la situación.