El pleno del Ayuntamiento de Santiago ha dado luz verde a la nueva modificación del plan especial del casco histórico, en el que se mantiene la limitación a las viviendas de uso turístico en el entorno de la zona antiguo. El paso dado en la sesión plenaria este jueves corresponde a la adaptación del texto refundido para adecuarla a los distintos fallos judiciales sobre la regulación de este tipo de viviendas en la almendra monumental.

Los cambios en el plan especial han sido debatidos en el pleno que este jueves celebra el consistorio compostelano, donde PSOE y Compostela Aberta (grupo de gobierno cuando se iniciaron los pasos para limitar las viviendas de uso turístico) han permitido con sus votos que la iniciativa saliese adelante. PP y BNG, por su parte, optaron por la abstención.

Como ha explicado la concejala del ejecutivo local Mercedes Rosón, la proposición aprobada este jueves corresponde a la texto refundido de la modificación del plan especial en la que se limitaban las viviendas de uso turístico en el entorno del casco antiguo, tras varios fallos judiciales que tumbaron el acuerdo.

El último de ellos fue emitido el pasado 18 de enero por la sección segunda del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ante el recurso interpuesto por la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) contra el acuerdo plenario del 15 de noviembre de 2018, en el que se aprobó definitivamente dicha modificación.

Según ha explicado, el acuerdo aprobado suprimió la compatibilidad de los usos hotelero y residencial comunitario en esas ordenanzas salvo excepciones y declaró la incompatibilidad del uso de la vivienda para la citada actividad turística o alojamiento temporal de corta estancia, es decir, inferior a 30 días consecutivos.

No obstante, como ha incidido Rosón en su intervención, la sentencia recogía que la motivación detrás de los cambios introducidos en la normativa urbanística perseguía anteponer el «interés general» y que su anulación correspondía a irregularidades en el proceso de exposición pública.

Por ello, la edil socialista ha puesto el acento que el fallo «ampara», «más allá de la declaración formal», la modificación del plan, que pretende avanzar hacia una ciudad «equilibrada» en la que se respeten «derechos constitucionales básicos como la vivienda».

Por su parte, el concejal de Compostela Aberta Jorge Duarte (responsable del área de urbanismo en el anterior mandato) ha apelado a «dar un paso más» hacia la limitación de los pisos turísticos en el casco histórico para «priorizar el uso residencial».

Según ha subrayado, la crisis del covid y su impacto sobre el turismo «ha llenado de anuncios» las páginas de búsqueda de vivienda con ofertas «asequibles» de pisos en el casco histórico, lo que para Duarte es una muestra de que regular el uso turístico en la zona vieja es la vía para recuperar población en la almendra monumental.

PP Y BNG RECELAN DE LA SEGURIDAD JURÍDICA

Los grupos que no han prestado su apoyo a la proposición, PP y BNG, han mostrado sus recelos sobre la posible inseguridad jurídica de esta modificación del plan especial.

Para el portavoz popular, Alejandro Sánchez Brunete, los cambios suponen una «involución desde el punto de vista urbanístico» que aporta «una solución ambigua que abre la puerta a la insteguridad jurídica y a posibles demandas». «Me despido de usted hasta la próxima sentencia», ha apostillado el edil del PP en el cierre de su intervención.

La responsable del grupo del BNG en la corporación santiaguesa, Goretti Sanmartín, tambien ha expresado sus dudas sobre la modificación de una cuestión, la existencia de viviendas turísticas en el casco histórico, que pide abordar con amplitud, ya que considera que no se puede responsabilizar de forma exclusiva a este asunto del «vaciado» de población de la zona vieja.

AYUDAS AL SECTOR CULTURAL

Por otra parte, el pleno de este jueves de la corporación compostelana también ha aprobado una iniciativa del BNG que propone ampliar las bases de convocatoria de las ayudas al sector cultural para que puedan optar empresas y creadores que desarrollen su actividad en el concello aunque su sede legal no esté en Santiago.

En concreto, la proposición, aprobada con el apoyo de Compostela Aberta y BNG, y la abstención de PSOE y PP; plantea que se amplíe las bases para evitar que queden fondos sin gastar del plan de ayudas dotado con 300.000 euros impulsado por el gobierno local a mediados del mes de diciembre.

Sanmartín ha advertido que, a tenor de las solicitudes presentadas, algunas de ellas denegadas «por diversos motivos»; «en torno al 50%» del presupuesto quedará sin ejecutar «a diferencia» de los planes de apoyo municipales a sectores como el comercio y la hostelería.