El Pleno del Ayuntamiento de Vigo ha aprobado este miércoles por unanimidad una moción del PP en la que se insta al Gobierno de España a incluir en la planificación de Red Eléctrica Española (REE) la conexión de la ciudad a la red de muy alta tensión (MAT) y a construir una nueva subestación eléctrica en el polígono de Balaídos para dar servicio a la planta de PSA y a las empresas de la zona.

El portavoz del PP, Alfonso Marnotes, ha defendido esta propuesta para evitar que se dañe la competitividad de toda la industria viguesa, especialmente la de la automoción, de la que viven decenas de familias en Vigo y su área. «Es posible revertir esto y que se incluya la conexión en la planificación de Red Eléctrica», ha apuntado, y ha recordado que ese proyecto estaba en los planes de inversión de este organismo para el período 2015-2020, pero no se llevó a cabo, y no se ha incluido en la planificación 2021-2026.

El portavoz del grupo socialista, Carlos López Font, ha reclamado eliminar la mención a la planificación de 2015-2020, puesto que esa conexión necesitaba una declaración de excepcionalidad que no tenía (ya que Vigo no llega al mínimo de demanda para tener ese suministro a través de muy alta tensión). Asimismo, el edil del grupo de gobierno ha recordado que el PP estaba gobernando entre 2013 (cuando la Xunta reclamó ese proyecto) y 2015 y «no hizo nada».

Por su parte, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha criticado que las administraciones de pongan «en modo servil» con PSA y, aunque ha apoyado la iniciativa, ha exigido que se reclame a la factoría que devuelva los apoyos recibido en forma de derechos de los trabajadores. Mientras, el concejal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha instado a PP y a PSOE a «demostrar» que están de acuerdo en esta necesidad de la conexión a la red MAT, ya que ambos partidos tienen responsabilidad de gobierno en Santiago y Madrid.

Finalmente, tras aceptar el PP retirar la mención a la planificación de Red Eléctrica entre 2015 y 2020, todos los grupos de la corporación han dado su apoyo a la moción presentada por los ‘populares’.

CAMBIO DE REGLAMENTO Y ORDENANZA DEL AGUA

Por otra parte, el pleno ha aprobado, en este caso con los únicos votos favorables del grupo socialista y el voto negativo de toda la oposición, la nueva modificación en el reglamento del pleno, que permite adecuarlo a la normativa vigente, e introducir cuestiones como la celebración telemática de las sesiones, el libro de actas electrónico, la regulación del acceso a los expedientes por parte de los ediles.

Asimismo, otro de los cambios que se introducen es aumentar el tiempo de intervención del grupo de gobierno, al permitir que el portavoz del PSOE intervenga aunque la iniciativa que se debata la haya defendido otro de los ediles socialistas (a lo que se sumaría una eventual intervención del alcalde, si así lo considerase). Todos los grupos de la oposición han criticado estos cambios, y han acusado al gobierno local de pretender «amordazar» a los demás partidos políticos.

El portavoz del PP, Alfonso Marnotes, ha advertido de que los plenos se convertirán «en un monólogo insoportable», para «que haya una sola voz en la ciudad, que repita una y otra vez la ocurrencia de turno del alcalde, y que, por supuesto, será la mejor del mundo, mejor que lo de París y lo de Nueva York».

Rubén Pérez, de Marea, ha incidido en que se ha adaptado el reglamento «a los intereses del grupo de gobierno», que pretende «amordazar aún más a los grupos, porque hay más pluralidad en el Pleno». En la misma línea, el edil del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha lamentado que el gobierno local no aprovechase la oportunidad para «rectificar su deriva autoritaria», y lo ha acusado de duplicar las intervenciones del PSOE para que la ciudadanía «no conozca que hay otras alternativas» políticas.

En el pleno de este miércoles, también se ha dado luz verde definitiva a la nueva ordenanza del agua, que fija el nuevo sistema tarifario y que, según ha señalado el concejal de Facenda, Jaime Aneiros, permite garantizar el suministro de agua «de gran calidad» a un «precio razonable».

Toda la oposición ha votado en contra en este punto, y ha reiterado que el anuncio del gobierno de implantar la tarificación por consumo ha resultado una «estafa», ya que se compensa esa posible rebaja con un incremento «del 276 %» en los costes fijos que figuran en el recibo.