La ley de acción exterior y cooperación para el desarrollo de Galicia ha quedado aprobada este martes en el Parlamento con el voto a favor del PP, que ostenta la mayoría absoluta. El ‘no’ ha venido solo de la bancada del PSdeG, ya que el BNG ha optado por la abstención a pesar de las «grandes discrepancias de fondo» que mantiene con el texto.

El debate en torno a esta norma, llevada por la Xunta al Legislativo tras consensuarla con el Ministerio de Asuntos Exteriores para evitar un recurso de constitucionalidad, ha incluido episodios de enfrentamientos.

Uno de ellos, cuando el diputado popular Alberto Pazos ha sugerido al PSdeG la celebración del Congreso gallego «que tiene pendiente». «Y ojalá pongan al frente de ese grupo a alguien que tenga algo que ofrecerle al pueblo gallego», ha esgrimido, en referencia al secretario xeral de los socialistas, Gonzalo Caballero.

Pero este no ha sido el único roce producido durante la sesión, ya que el viceportavoz del PSdeG en la Cámara, Pablo Arangüena, ha reavivado polémicas en torno al «clientelismo» de la acción exterior de la Secretaría Xeral de Emigración, como el agujero detectado por el Tribunal de Cuentas en la gestión de ayudas a españoles en Venezuela entre 2015 y 2016. «Es, presumiblemente, la punta del iceberg», ha dicho el socialista.

Además, ha recordado la detención por corrupción del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, –impulsor de la compra del astillero vigués de Barreras por parte de la petrolera– y ha insinuado su vinculación con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo: «A menudo, la gente con la que se hace fotos acaba en prisión».

Tras esto, el popular ha rechazado estas acusaciones y ha recordado la polémica en torno a la supuesta agente electoral del PSOE que en 2008, en tiempos del bipartito, supuestamente había realizado un viaje a Argentina pagado por la Xunta. «Los que cometieron irregularidades fueron ustedes», le ha espetado Pazos.

También el diputado del BNG Luís Bará ha entrado en este enfrentamiento. Y es que, al criticar la negativa del PP a permitir en la ley partidos de una selección gallega de fútbol en el extranjero, se ha referido a la condena por prevaricación y fraude del presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán, por las obras en un campo de fútbol cuando fue presidente de la Diputación de Pontevedra con el PP. «¿A qué están esperando ustedes para pedir responsabilidades?», les ha preguntado Bará a los populares.

SOBRE LA LEY DE ACCIÓN EXTERIOR

En lo que atañe a la ley de acción exterior, el socialista Pablo Arangüena ha justificado el ‘no’ de los socialistas con que el ordenamiento jurídico estatal ya contempla la participación de las comunidades en la red española de embajadas y consulados.

De igual modo, para el PSdeG este texto demuestra la «incapacidad» de la Xunta para aprovechar el «potencial cultural y económico» de la red de gallegos en el exterior y para evitar que «decenas de miles de profesionales» tengan que salir de Galicia en búsqueda de oportunidades.

Por su parte, Luís Bará (BNG) no ha escatimado en críticas, pero ha celebrado la «actitud más receptiva» del PP con esta ley en comparación a otros debates. De hecho, ha saludado la aceptación de varias enmiendas como transacciones, lo que ha motivado finalmente la abstención de su grupo.

UNA POLÍTICA EXTERIOR «TUTELADA»

Sin embargo, sí ha censurado que el texto sea «fruto de una visión tutelada, domesticada y sometida al control preventivo del Gobierno central» y a la ley estatal de acción exterior del 2014 aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy como una «ley antipolítica exterior de Cataluña».

Asimismo, ha lamentado que sea un proyecto «falto de ambición de país», que «podría valer para una región, para Extremadura o para Andalucía», pero no para dar a «una nación» como Galicia «voz propia en el mundo», para lo cual ha puesto de ejemplo a Euskadi.

Bará también ha criticado que la Xunta considere «exterior» al norte portugués y «en cambio Madrid no», mientras ha propuesto la instauración de delegaciones de Galicia en Lisboa y en Bruselas.

Y ha reclamado que la política exterior de la Xunta «esté dirigida por una secretaría xeral» y no por dos, como actualmente ocurre –la de Emigración y la de Relacións Exteriores–; y la creación de un Instituto Rosalía de Castro para la promoción de la cultura gallega en el exterior.

UNA LEY «MAGNÍFICA» Y «SIN CONFRONTACIÓN»

Por su parte, Alberto Pazos (PP) ha reivindicado que la de acción exterior «es una ley magnífica, equilibrada, plural y útil», y ha destacado que nace «sin confrontación institucional», ya que se elaboró «de la mano del Gobierno de España», del PSOE. De esto mismo se ha servido para atacar al PSdeG, del que considera que está en el Parlamento «para negarse a cualquier acuerdo con el PP en cualquier tema».

El diputado popular también ha defendido ante el BNG que, si bien sus enmiendas son «legítimas», son también «ilegales». Así, ha aseverado que «ninguno» de los 42 escaños del PP «puede aceptar que el resto de españoles sean extranjeros» en Galicia.

«No existen motivos reales para no apoyar este texto y es improbable que en toda la Legislatura nos encontremos otro texto con más consenso que este», ha remachado Pazos.