Compostela Aberta (CA) exige la celebración de una consulta popular sobre el modelo de gestión del ciclo del agua en Santiago, siguiendo los procesos reglados por la legislación vigente. «(Xosé Sánchez)Bugallo debe escuchar la opinión de los vecinos antes de ejecutar una decisión que hipotecaría el servicio en los próximos 25 años», ha trasladado su portavoz, Marta Lois.

Compostela Aberta llevará esta petición al próximo pleno, a través de una propuesta en la que insta a la Alcaldía a impulsar la celebración de esa consulta popular, delegando en la comisión del agua ya creada la redacción consensuada de la propuesta y de la pregunta sobre la que se formule la consulta; y sometiendo el acuerdo del inicio del procedimiento a información pública, con plazo para presentar alegaciones.

Tal y como se explica en el texto de la proposición, el ordenamiento jurídico reconoce a las alcaldías «la potestad someter a consulta popular asuntos de competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos». Para Marta Lois, «es evidente que el modelo de gestión del agua cumple esas premisas».

La consulta popular está regulada en el artículo 71 de la Ley de Bases de Régimen Local; y la Ley de Administración Local de Galicia, en su artículo 257, contiene una regulación propia gallega para este tipo de consultas, según la cuál el alcalde puede impulsar la iniciativa después del acuerdo del pleno por mayoría absoluta.

La Corporación Local deberá remitir a la Xunta una copia literal del acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento, precisando los términos exactos de la consulta, el Consello de la Xunta enviará la solicitud al Gobierno del Estado, y será este quien autorice la consulta, que después será convocada mediante un decreto del Consello de la Xunta.

Por último, también el Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, en su título sexto, establece el marco normativo local de la consulta popular, que no tendría carácter vinculante.

GESTIÓN CUESTIONADA POR CONTAS

En esta coyuntura, Marta Lois ha incidido en que la consulta popular sobre el modelo de gestión del agua «es posible legalmente», y supone «un mecanismo democrático» para conocer la opinión de la ciudadanía sobre un asunto que le va a afectar de manera directa en los próximos años.

Para la portavoz de CA, «sería irresponsable no contar con el consenso necesario antes de adoptar una decisión sobre la gestión de un derecho como es el agua, que no puede ser tratado cómo cualquier mercancía, y más después de medio siglo de una concesión que deja muchas dudas sobre los beneficios reales que tuvo para los vecinos».

La concejala ha remarcado que «el servicio del agua viene siendo gestionado por la misma empresa desde 1971, con modificaciones y prórrogas de contratos que incluso fueron cuestionados por el Consello de Contas», que en un inforne de 2003 criticó «la falta de control económico sobre la gestión de Aquagest, hoy Viaqua; la falta de control sobre la amortización de las inversiones a través de la tasa que pagan las personas usuarias, o la falta de control del Ayuntamiento sobre el cobro de la tasa de la basura».

A todo ello ha sumado «el déficit de infraestructuras hidráulicas que sigue padeciendo Santiago» después de 50 años de concesión. «El gobierno tén que evaluar todas las alternativas y contar con la opinión de los vecinos antes de ejecutar sus planes, ya anunciados, de hacer un nuevo contrato para la gestión del agua por un plazo de 25 años y un importe de más de 450 millones de euros», ha insistido.

Y es que, bajo su punto de vista, una decisión «que hipotecaría la gestión del servicio hasta el año 2046, no puede adoptarse sin escuchar antes lo que los ciudadanos tienen que decir al respecto, tal y como pretende hacer Bugallo».

Además, la portavoz de CA aludió a la existencia de un estudio demoscópico realizado en el año 2017, en el que más del 65 por ciento de las personas encuestadas se habían manifestado a favor de la gestión directa del agua por parte del Ayuntamiento o de un ente municipal. Frente a ese porcentaje, solo el 20,9 por ciento habían defendido la gestión indirecta por parte de una empresa privada.

AUDITORÍA

Finalmente, Lois ha explicado que la primera tentativa de auditar el servicio, «a falta de información no facilitada por Viaqua», señala que «el volumen de negocio del agua alcanza los 10 millones de euros anuales, de los que 2,5 millones de euros podrían reinvertirse cada año en la mejora del servicio».

De este modo, ha subrayado que en los 25 años de duración del contrato que pretende licitar el gobierno local, «los ingresos serían de más de 250 millones de euros, y se podría generar un excedente de 60 millones de euros para mejorar la red».