CIG-Ensino ha pedido que la negociación de la selección de direcciones de centros educativos de acuerdo con la nueva ley educativa, la Lomloe, conocida como ley Celaá, y ha criticado que se obligue a rehacer las cuentas de 2020 con nuevos ingresos recibidos tras el cierre de los presupuestos, lo que «aumenta la carga de trabajo» de los equipos directivos.

En un comunicado, el sindicato ha recordado que las direcciones que debían haber finalizado su mandato el pasado curso tuvieron que prorrogarlo debido al confinamiento. Además, ha señalado que, tras la entrada en vigor de la Lomloe el pasado mes, solicitó a la Xunta la reunión de la mesa sectorial y que en la orden del día se incluyese la convocatoria de la selección de las direcciones en 2021.

En este sentido, ha explicado que el orden de selección de direcciones se suele debatir en la mesa sectorial en marzo y que este año conlleva un cambio importante al eliminarse el mayor peso de la administración educativa en la comisión de selección.

Así, la Lomloe retoma el reparto recogido en la LOE, que incluye un tercio del profesorado elegido por el claustro, un tercio escogido por el consejo escolar entre representantes no docentes y un tercio nombrado por la administración. En este último grupo se integra el director en activo de un centro en el que se impartan las mismas enseñanzas y que cuente con al menos un periodo con evaluación positiva.

CIG ha demandado, por tanto, que se tenga en cuenta esta regulación para poder negociar la selección de las direcciones de los centros educativos. Además, ha solicitado que el curso de formación para la función directiva no represente un requisito para acceder a un cargo relacionado con la misma, una opción a la que abre la puerta la nueva ley.

Por otra parte, el sindicato ha criticado que el Gobierno gallego «obligue» a los centros a rehacer las cuentas de 2020 con nuevos ingresos recibidos tras el cierre de los presupuestos, lo que «complica la gestión económica» y «aumenta la carga de trabajo» de los equipos directivos.

En concreto, ha apuntado que los centros educativos gallegos recibieron un escrito en el que se anunciaba un ingreso económico denominado por la Xunta como «gastos de funcionamiento adicionales correspondientes a 2020».

A este respecto, ha indicado que estas cuantías se consideran como «un anticipo para 2021», por lo que el presupuesto de gastos de funcionamiento para este año se ajustará en la misma cantidad. «Es decir, ingresa dinero en 2021, necesario dado el gasto producido por la pandemia, que los centros deben incluir en la cuenta general de 2020, ya cerrada y aprobada cuando se recibió la comunicación de la Dirección Xeral de Centros», ha resaltado.