La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha presidido este sábado el pleno del Consello Galego de Pesca en el que se han presentado los dos informes encargados por la Xunta sobre el impacto del acuerdo de comercio y cooperación del Brexit. Ambos, ha dicho Quintana, guiarán la estrategia de Galicia para hacer frente a los efectos del acuerdo que la comunidad gallega considera «muy negativo» para el campo marítimo-pesquero.
Uno de los informes es sobre las implicaciones jurídicas del acuerdo y fue encargado al Instituto de Estudios Europeos Salvador de Madariaga de la Universidad de A Coruña y presentado por el director del centro, José Manuel Sobrino. El otro es de carácter técnico-administrativo, sobre la incidencia que tendrá en la actividad extractiva y en la comercialización de los productos pesqueros, y fue realizado por la Fundación MarInnLeg y presentado por la gerente de esta entidad, Annina Bürgin.
Por una parte, el informe del Instituto Salvador de Madariaga considera que el pacto de comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido, que se está aplicando provisionalmente, puede ser objeto de control judicial por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En esta línea, esboza dos escenarios, uno de control previo a la ratificación y otro a posteriori.
En cuanto al control previo a la ratificación, el informe destaca la posibilidad de solicitar por parte del Parlamento Europeo o de España como Estado miembro, un dictamen consultivo al TJUE sobre la compatibilidad del acuerdo con el derecho europeo. De adoptarse esta opción, debería realizarse con urgencia, dado el próximo debate de la ratificación del acuerdo en el Parlamento Europeo.
En relación al control después de la ratificación y una vez entrado en vigor el acuerdo, el documento especifica que este puede instarse tanto por parte de las instituciones europeas y Estados miembro como por parte de las personas físicas y jurídicas. En este caso, el control se focalizaría en la decisión del Consejo relativa a la ratificación del acuerdo comercial del brexit.
Si el TJUE estima que la decisión es contraria al derecho de la UE, podría anularla o declarar su invalidez. Si esto se produjera, las instituciones europeas deberían suprimir las incompatibilidades entre el acuerdo y el derecho europeo.
EFECTOS
Por otra parte, el informe elaborado por la Fundación MarInnLeg analiza aspectos relativos a la igualdad de condiciones en el ámbito comercial y señala la posibilidad de adoptar medidas correctoras dentro de la relación bilateral entre la UE y el Reino Unido en caso de que la actuación de alguna de las partes tenga efectos negativos sobre el comercio.
En relación a la pesca, el documento subraya la importancia fundamental de las relaciones bilaterales que hay entre el Reino Unido y Noruega o con Islandia. Además advierte de la necesidad de estudiar en profundidad el contenido del acuerdo del brexit relativo a la gestión pesquera en el archipiélago noruego de Svalbard, pues aborda uno reparto de las cuotas de bacalao en estas aguas entre la Unión Europea y el Reino Unido.
Los contenidos de estos informes serán analizados al por menor en el seno del Consello Galego de Pesca para concretar las acciones a desarrollar desde Galicia ante los efectos del acuerdo del brexit. Esto se realizará en el marco de un grupo de trabajo que se acordó crear para establecer las prioridades del sector pesquero gallego en este campo para los próximos ejercicios.
