El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha señalado este miércoles que las corporaciones locales no están cuestionando las decisiones de Sanidad sobre la gestión de la crisis de la covid-19, pero ha querido dejar claro que las administraciones que reciben los fondos europeos, como las comunidades, deben indemnizar a los sectores afectados por las restricciones: «El que cierra, paga», ha sentenciado.

En el coloquio telemático ‘Los municipios ante Europa’, organizado por Executive Forum y recogido por Europa Press, el regidor socialista ha añadido que «si una comunidad autónoma o si el sistema sanitario decide que es preciso cerrar la hostelería por bien común, hay que indemnizarlos».

Así, ha criticado que haya autonomías que pretendan que los ayuntamientos paguen la mitad de las indemnizaciones a la hostelería o a los autónomos, mientras las comunidades «lo hacen con fondos europeos». «Si a nosotros se nos hace presión política, tendremos que recibir fondos REACT-EU de Europa», ha añadido sobre esta cuestión que ha calificado que «serio problema».

Para Caballero, «esto se llama la ruptura de la forma constitucional de entender la lealtad constitucional porque si las comunidades reciben recursos, deben hacerlo con los fondos que reciben» y ha remarcado que «no vale el te cierro y te aguantas» porque, en sus palabras, si la hostelería recurre estas restricciones ante los tribunales «seguramente» gane.

En resumen, el regidor gallego ha pedido que, al igual que hay un fondo para el transporte, lo haya para este sector y ha zanjado este asunto haciendo hincapié en que «si las instituciones toman la decisión, los tendrán que indemnizar» porque ha explicado que el coste deberá asumirse globalmente.

«SECUESTRO DE FONDOS MUNICIPALES»

En este contexto, Caballero también se ha remontado a la Europa antes de llegara el coronavirus con objeto de explicar qué es lo que tienen que hacer los ayuntamientos. En este sentido, se ha referido a la arquitectura constitucional del Estado y ha señalado que en la anterior crisis económica hubo un «intento de disminuir la capacidad de actuación en el ámbito local».

Ha explicado que a partir de 2012 se iniciaron leyes que «impiden» a las corporaciones locales desarrollar su actividad con la capacidad propia de una administración con autonomía, tal y como recoge la Constitución. «Leyes que trae como consecuencia una especia de secuestro de fondos municipales», ha precisado.

«Los famosos remanentes los tenemos secuestrados a través de una ley orgánica que no nos los deja utilizar», ha remarcado, al tiempo que ha añadido que la situación «empieza a tener una salida distinta» a partir del año 2018 con el cambio de Gobierno. Sin embargo, ha lamentado la irrupción de la Covid en un momento de financiación «insuficiente» con un volumen muy importante de ahorros que no pueden utilizar.

En este sentido, ha destacado que las corporaciones locales vertebran España porque tienen «formas comunes de atenderla y atienden problemas comunes» al margen de su color político y ha celebrado que por primera vez en la historia constitucional de España «los ayuntamientos tienen voz» con su participación en las conferencias sectoriales del Estado con la comunidades autónomas. «Esto es un gran avance», ha asegurado, tras mencionar su participación regular en la Conferencia de Presidentes y en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

«Por tanto, estamos incorporados a esta nueva forma de entender la arquitectura constitucional», ha remarcado, aunque preguntado por la necesidad de realizar una reforma en la Constitución ha aseverado que «tan pronto como la haya los ayuntamientos van a estar» y, en ese momento, presentarán las competencias municipales que tienen que venirse a los ayuntamientos.