La Iniciativa Galega pola Memoria (IGM) considera que indemnizar a los herederos del dictador Francisco Franco por el mantenimiento del Pazo de Meirás desde 1975 supone «perpetuar la anomalía democrática», por lo que reclama al Estado que recurra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña.

En un comunicado, esta entidad advierte que la «única víctima» en la demora de la devolución del inmueble a lo público «fue el pueblo gallego, que convivió durante 40 años con la vergüenza del expolio impune» y que «ahora se vería nuevamente agraviado» por tener que compensar «a quien heredó lo robado» y «especuló» con la propiedad.

«A la Iniciativa Galega pola Memoria se le escapa la lógica de indemnizar a alguien por aprovecharse de un bien que, según el mismo fallo, fue obtenido de modo fraudulento. Que las instituciones democráticas tardasen tanto tiempo en recuperar lo expoliado fue, precisamente, lo que convirtió al Pazo de Meirás en un símbolo de la impunidad franquista», asegura la IMG.

Además, rechaza que los Franco tengan que ser indemnizados por la rehabilitación tras el incendio de 1978: «Sin entrar a valorar las incógnitas sobre el origen del fuego, la heredera del dictador (Carmen Franco) ya había sido indemnizada con la importante cifra de 13 millones y medio de perestas».

Sin embargo, el colectivo cree que «lo más grave de la sentencia no está en el desembolso económico, sino en la nueva burla que supone que el tribunal establezca que no hubo mala fe en la ocupación continuada» del pazo y que «una vez más se blanquee al franquismo e incluso se ponga en duda la lucha de las víctimas y del propio movimiento memorialístico».

Asimismo, más allá del proceso judicial, este colectivo también lamenta que las entidades por la memoria histórica estén mantenidas «al margen» en el proceso de decisión sobre el futuro del inmueble.

RETIRADA DE LA CRUZ DE CELANOVA

Por otra parte, el Comité de Memoria Histórica de la comarca de Celanova (Ourense) promueve, a través de un manifiesto, la eliminación del monumento de la cruz de los caídos levantada en 1939 en Outeiro da Obra, en Celanova.

«Este símbolo es una exaltación pública y visible del golpe de Estado de 1936 contra la legalidad republicana, la guerra y la represión política durante la dictadura franquista, por lo que está afectado por la ley estatal de memoria histórica», explica el comité.

Por eso, este colectivo pide al Ayuntamiento de Celanova la retirada de la cruz a través de un manifiesto que reúne ya más de 200 firmas, entre ellas personalidades como Xosé Luís Méndez Ferín, Xesús Alonso Montero, Manuel Rivas, los actores Isabel Blanco y Luís Tosar, los hijos de Celso Emilio Ferreiro, historiadores y más de 50 entidades de memoria histórica.