El Parlamento gallego ha instado a la Xunta a que muestre su disconformidad con la inclusión de todas las poblaciones de lobo ibérico al norte del Duero en la lista de especies de protección especial (Lesrpe), lo que implica la prohibición de su caza. Asimismo, llama al Gobierno central a «paralizar» el proceso y «mantener el actual estatus legal» de estas poblaciones de animales.

En la comisión de Medio Ambiente, esta propuesta del PPdeG ha salido adelante transaccionada en un acuerdo con el PSdeG. El BNG se ha abstenido en lo relativo a este punto, mientras el resto de peticiones de la proposición no de ley han sido aprobadas por unanimidad.

Entre los puntos que se han aprobado por todos los grupos, la Cámara apela a la Xunta a liderar –junto con Asturias, Cantabria y Castilla y León– la estrategia para la conservación del lobo.

Una vez esté lista esa estrategia, la Cámara demanda actualizar o elaborar un nuevo plan del lobo para Galicia, el cual sea fruto del «consenso» entre ganaderos, asociaciones de defensa de esa especie y sector veterinario. Deben participar los expertos presentes en el comité técnico constituido recientemente.

Paralelamente, se demanda a la Xunta agilizar la actualización de censos del lobo y elaborar un nuevo mapa de su presencia en Galicia.

La última petición que realiza el Parlamento en este acuerdo pasa por que la Xunta incremente, si fuera necesario, el presupuesto de 2021 para cubrir los daños del lobo entre el ganado, «garantizando que cubra todas las solicitudes presentadas correctamente y el cobro de estas en un plazo adecuado». Además, se pide actualizar las cuantías a pagar.

VISIÓN DE LOS GRUPOS

Durante el debate, la diputada del PPdeG Marisol Díaz Mouteira ha censurado la decisión «carente de todo sentido» y «vacía de diálogo» del Ministerio para la Transición Ecológica para aumentar la protección de esta especie.

Remarca que esta prohibición de caza del lobo puso «en pie de guerra a propietarios de 2.500 explotaciones» en Galicia, a la vez que «abrió una brecha» en el Gobierno central entre el Ministerio de Agricultura y el de Transición Ecológica.

Díaz Mouteira recrimina que la ministra Teresa Ribera «se saltó el grupo de trabajo del lobo que llevaba cinco años sin reunirse» con una votación para vetar la caza del lobo, sobre la que duda de su legalidad.

Por su parte, Martín Seco (PSdeG) ha denunciado la «falta de ayudas» de la Xunta a ganaderos, que tarda hasta «dos años» en su abono. Subraya que los socialistas gallegos defienden que la decisión sobre la protección del lobo debe llevarse a cabo con «el acuerdo» con comunidades que tienen el 95% de la especie y con el sector ganadero.

El diputado socialista defiende que «tiene que haber un equilibrio» entre el mantenimiento del lobo ibérico y la actividad ganadera. Urge a actualizar los censos oficiales, pues «datan de hace más de un lustro», mientras el plan de gestión de lobo se remonta al 2008, con el bipartito.

Luís Bará (BNG) ha lamentado las «altas dosis de manipulación», «populismo» y «alarmismo» sobre la situación de lobo. Avisa de que existe una campaña de «lobofobia», como «culpable de todos los males del rural».

Por ello, requiere que haya un debate con «sosiego», a la vez que pide poner el foco sobre la «falta de medios» de la Xunta en apoyo a la ganadería en extensivo. Igualmente, censura el incumplimiento del Gobierno gallego del plan de gestión del lobo, con ayudas escasas ante los ataques.

OTRO ACUERDO

En esta comisión ha salido adelante otra iniciativa, en este caso del BNG –transaccionada con el PPdeG–, que ha sido aprobada por unanimidad en relación con el transporte en el embalse de Portodemouros –en el río Ulla, entre los municipios de Santiso, Arzúa y Vila de Cruces– .

Así, el Parlamento gallego insta a la Xunta a tomar medidas para que la empresa concesionaria del embalse de Portodemouros cumpla con sus obligaciones para conservar la barcaza y las instalaciones que comunican las parroquias de Loño (Vila de Cruces) y Beigondo (Santiso).

El diputado nacionalista Xosé Luís Rivas, Mini, ha resaltado que la empresa Naturgy debe cumplir con las condiciones establecidas en la concesión del embalse. Y es que critica que los vecinos «están sin servicio», después de «60 años de ninguneo» por parte de la compañía.