La Xunta de Galicia habilita una línea de ayudas con más de dos millones de euros para ofrecer una oportunidad y garantizar la autonomía e independencia a las víctimas de la violencia de género, garantizándoles el acceso a un hogar.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y la de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, han firmado este lunes el convenio de colaboración que permite mantener la concesión de ayudas al alquiler para las víctimas de violencia de género.

Así, en las próximas semanas, el Instituto Galego da Vivenda e Solo podrá formalizar una convocatoria específica para el presente ejercicio en el Diario Oficial de Galicia. Esta medida concreta está incluida en el Bono de Alquiler Social, convocado el pasado 21 de enero, y puesto en marcha en 2015, que a día de hoy permite garantizar una vivienda a más de 500 familias.

Ángeles Vázquez ha defendido que apoyar a las víctimas de violencia de género, así como a sus hijos, en el acceso a una vivienda, supone «darles una oportunidad de para comenzar una nueva vida» en la que sean capaces de recuperar la capacidad de tomar decisiones «sin temor y con absoluta independencia».

CONCESIÓN POR 12 MESES

La conselleira ha explicado que la concesión será por un período de 12 meses, prorrogable dos veces más hasta llegar a un máximo de tres años. Se podrá solicitar también una ayuda única adicional, de hasta 600 euros, que se destinará a atender los deberes derivados de la constitución de fianza y del alta en suministros o a hacer frente a pagos atrasados.

Según las bases, el bono de alquiler tendrá un importe máximo de 225, 200 o 175 euros, dependiendo del ayuntamiento en el que se encuentre la vivienda, que equivale al 50% de la cuantía máxima que puede alcanzar el precio del alquiler en cada zona. Así, la renta máxima será de 450 euros al mes en las siete grandes ciudades; de 400 euros en los ayuntamientos de carácter urbano; y de 350 en los ayuntamientos de tipo rural.

En todo caso, la Xunta ha tomado la decisión de asumir el 100% de la renta del alquiler de las personas beneficiarias de esta ayuda, tal y como hizo en 2020; pues las circunstancias sociales derivadas de la pandemia de la covid-19 así lo exigen.

Por último, la conselleira de Medio Ambiente ha recordado que esta medida está enmarcada en el Pacto Social por la Vivienda 2021-2025, que incluye cerca de 50 iniciativas con las que asegurar el acceso la una vivienda a 70.000 familias y movilizar 1.080 millones de euros.

La conselleira de Emprego e Igualdade, por su parte, ha puesto en valor este convenio de colaboración, ya que, ha explicado, «la separación física es el primer paso en el proceso emancipador». «Este convenio permite a muchas mujeres y familias dar el primer paso hacia un futuro nuevo y libre», ha añadido.