Galicia y las comunidades al norte del río Duero han vuelto a mostrar su rechazo a la prohibición de la caza del lobo ibérico. Así lo han expuesto en la reunión de este miércoles del grupo de trabajo con el Ministerio de Transición Ecológica para abordar la estrategia de conservación y gestión de esta especie.
Galicia, junto con las comunidades del norte, habían solicitado al Ministerio el aplazamiento de este encuentro hasta aclarar las dudas sobre el acuerdo de la última Comisión Estatal de Patrimonio Natural en la que se decidió la prohibición de la caza del lobo.
Finalmente, se ha celebrado la reunión telemática, con la asistencia de personal técnico de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta, que han reiterado la postura defendida contraria a incluir al lobo en el régimen de protección especial (Lesrpe).
Según se explica por parte de la Consellería de Medio Ambiente a Europa Press, Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han mostrado su malestar por «la celeridad» con la que el Gobierno pretende abordar esta cuestión, así como en su tramitación, después de que este grupo de trabajo haya estado cinco años sin reunirse.
Así, la Xunta señala que «la ausencia de estas reuniones técnicas a lo largo de estos años es una muestra más de la falta de diálogo y de participación de las regiones en cuestiones que no solo les toca gestionar de modo directo, sino que también son de su ámbito competencial».
IRREGULARIDADES
Las autonomías al norte del río Duero consideran que la decisión de la pasada semana de la comisión estatal no fue un acuerdo, sino una propuesta, que no da por finalizado el procedimiento administrativo, a la vez que presenta una serie de irregularidades que deben ser corregidas.
Y es que la Xunta llama la atención acerca de que el comité científico señala «la ausencia de criterios objetivos para la inclusión de especies en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe)».
Los gobiernos de Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León ya apuntaron la semana pasada que esa decisión supondría un «gravísimo» problema de gestión en estas cuatro autonomías, que albergan más del 95 por ciento de los lobos de España. Rechazaron de forma unánime la propuesta presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica.
LA XUNTA RECABA EL APOYO DE GANADEROS
Este miércoles, la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, se ha reunido también con representantes de entidades ganaderas de razas autóctonas –de Boaga, Asoporcel, Puraga e Ovica– para recabar su apoyo ante la decisión del Estado de aumentar la protección del lobo.
El Gobierno gallego y el sector advierten de que prohibir totalmente la caza como medida de control de la especie romperá el equilibrio entre su presencia en la comunidad y la actividad ganadera en extensivo.
De hecho, Belén do Campo avisa de que, en caso de que se impongan el criterio del Ministerio sobre el de las comunidades al norte del río Duero, Galicia exigirá que la medida venga acompañada de compensaciones económicas por el impacto en la ganadería.
Pone de ejemplo el incremento del 126% de daños producidos por el lobo entre 2014 y 2019, un periodo en el que se pasó de 618 avisos a 1.397.
De tal forma, la Xunta, en coordinación con las comunidades afectadas, exige al Estado una rectificación con todos los mecanismos a su alcance, sin descartar acudir a la justicia.
