La planta de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama), situada en Cerceda (A Coruña), ha tratado casi 160 toneladas de residuos sanitarios de bajo riesgo a lo largo de las dos primeras olas de la pandemia y el comienzo de la tercera.

En concreto, han sido 157.000 kilos de desechos provenientes de hospitales y centros de salud que se reparten entre las tres oleadas de la siguiente manera: 65.000 kilos entre el 21 de abril y el 21 de mayo –primera ola–; 69.800 entre el 23 de noviembre y el 18 de abril –segunda–; y 22.700 kilos entre el 11 y el 15 de enero –inicio de la tercera–.

Estos datos los ha ofrecido este martes la directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, María Sagrario Pérez Castellanos, al responder en la Comisión a una pregunta de la diputada del PSdeG Paloma Castro sobre los residuos sanitarios producidos durante la crisis de la covid-19.

En concreto, la socialista ha interpelado a la directora xeral sobre si hay alguna «normativa específica» por parte de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para tratar estos materiales.

EL SERGAS RECURRE A SOGAMA

Así, Pérez Castellanos ha explicado que al inicio del primer estado de alarma el Gobierno dictó una orden –el 19 de marzo del 2020– como «mando único» que establecía que estos desechos deberían destinarse a un vertedero «o a incineración».

De este modo, ante el «incremento exponencial de residuos sanitarios» no reciclables, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) recurrió a la empresa pública Sogama para que asumiese los que fuesen de bajo riesgo, entre ellos guantes y mascarillas desechables.

Hasta allí se transportan «bajo un estricto protocolo de seguridad» y se trituran y acondicionan «para convertirlos en combustible» con el que generar energía eléctrica, una labor para la cual «se contrató personal externo», ha abordado.

RESIDUOS DE RIESGO

Asimismo, la directora xeral ha explicado que se autorizó a la concesionaria de la «gestión habitual» de los desechos del Sergas a utilizar «terrenos y emplazamientos adicionales» para poder almacenar los excedentes de estos residuos.

Una vez decaído el primer estado de alarma y las instrucciones del Gobierno, y ante los posteriores rebrotes de la pandemia, fue la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático la que resolvió en octubre que se continuase con este sistema, por lo que la Xunta entiende «que no es necesaria una normativa adicional»: «Tenemos claras las pautas».

«A otras comunidades no les quedó más remedio que almacenar estos residuos en un vertedero. Nosotros contamos con un gestor al que se autorizó un almacenamiento adicional (…) y con Sogama», ha resumido posteriormente Pérez Castellanos.

La directora xeral ha asegurado que la Xunta «hizo los deberes» en este sentido ante un «contexto de total desentendimiento» por parte del Gobierno central, del que lamenta que no concordase «con más detalles» con las comunidades la gestión de los residuos.