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El vicepresidente de la Fegamp, del PP, aboga por que sea la Xunta la que gestione las ayudas a hostelería

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El vicepresidente primero de la federación gallega de municipios y provincias (Fegamp), Alfonso Villares, del Partido Popular, aboga por que sea la Xunta la que gestione las ayudas del segundo plan de rescate a la hostelería frente a la crisis de la covid-19.

A través de un comunicado, el también alcalde de Cervo (Lugo) advierte de que en el seno de la Fegamp «no todos» opinan lo mismo en relación con la gestión de los fondos, frente a las afirmaciones trasladadas por su presidente, Alberto Varela, partidario de que sean los ayuntamientos los que tramiten estos recursos.

Al respecto, el regidor popular, vicepresidente primero de la federación, subraya que «la urgencia es máxima» y por eso apuesta por «articular mecanismos de gestión ágiles, para que esas ayudas lleguen cuanto antes a su destinatario».

Además, llama a «no olvidar» que, «venga de la administración que venga», ese dinero es «público, al servicio del ciudadano», por lo que cree «lo importante buscar la fórmula más operativa, justa y equitativa», a su juicio a través de la Xunta, «lo óptimo pensando siempre en la persona beneficiaria».

«Un sistema autonómico único es fundamental para armonizar los trámites, los tiempos… En definitiva, para uniformar la gestión del fondo común en beneficio de las personas destinatarias», argumenta.

Asimismo, alega que esto «liberaría a las administraciones locales de contraer una gran carga extra de trabajo». «Cuestión de la que continuamente nos estamos quejando desde los ayuntamientos», reconoce.

QUE LAS DIPUTACIONES APORTEN MÁS

En cuanto a la cantidad a aportar por cada administración, apunta que las diputaciones «tienen un cometido fundamental y único que es el de ayudar a los municipios de menos de 20.000 habitantes».

«Se nutre de los fondos que proceden de las administraciones locales», expone, antes de opinar que, en consecuencia, «debería incrementar esa ayuda para proteger a los ayuntamientos con menor capacidad económica para poder aportar a ese fondo común».

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