Los empleados públicos de la Xunta podrán ser «reasignados» a grupos de trabajo específicos o incluso movidos de su consellería a otro departamento autonómico, siempre que no suponga un cambio de localidad, cuando lo exija la «carga de trabajo» derivada de la gestión de fondos procedentes de la Unión Europea (UE) y de proyectos ligados a dichos recursos.

Así lo ratifica una de las enmiendas presentada por el Grupo Popular a la proposición de ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, impulsada, precisamente, por los populares para su tramitación por el procedimiento de urgencia debido al contexto de la pandemia y los proyectos que podrán optar a los fondos que llegarán específicamente de Europa para paliar sus consecuencias.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, los populares han presentado 46 enmiendas para mejoradr el texto legislativo que se presentó inicialmente y cuya tramitacióndd de urgencia se sustenta en la «importancia de contar cuanto antes» con un documento legal que introduzca medidas específicas «de apoyo y simplificación administrativa con el objeto de favorecer la recuperación económica, la implantación o el afianzamiento de nuevas empresas y el aprovechamiento de la financiación europea» activada en el marco de la pandemia.

Entre las enmiendas presentadas por el grupo mayoritario, registradas en el Parlamento y avanzadas este miércoles por ‘Praza Pública’, figura una relativa al empleo público en la que se determina que en las consellerías que gestionen proyectos financiados con fonos de los instrumentos europeos de recuperación o con otros recursos procedentes de la UE se realizará «un análisis de la carga de trabajo» existente en las diferentes unidades.

El objetivo será poder «reasignar» efectivos en las unidades de trabajo que, de forma prioritaria, tengan por finalidad gestionar fondos europeos. A tal efecto, se entenderá como «reasignación de efectivos» la encomienda temporal de tareas o funciones propias de su clasificación profesional «diferentes» de las de su puesto de trabajo que «en ningún caso supondrá cambio de localidad».

La enmienda recoge que la cobertura de las necesidades de personal para la gestión de los fondos se realizará «prioritariamente» con efectivos de la propia consellería o de los entes que dependan de la misma, pero agrega que, cuando no se puedan cubrir por esta vía, se podrá recurrir al «mecanismo de nombramiento de personal temporal» a través de un programa «especial», por el «tiempo imprescindible» para la ejecución de los proyectos.

Y, adicionalmente, se añade que la Dirección Xeral da Función Pública podrá «reasignar efectivos procedentes de otras consellerías o de otras entidades instrumentales».

En esta coyuntura, una vez que se incorpore la enmienda popular, la ley incluirá que el personal adscrito a los grupos de trabajo o a las unidades de apoyo temporal que gestionen estos fondos podrá, en los términos establecidos en la legislación presupuestaria y reguladora del empleo público, percibir «complementos de productividad o gratificaciones extraordinarias dentro de los límites derivados de las consignaciones presupuestarias».

En otra enmienda, los populares agregan que, «por razones de eficacia y eficiencia», se podrán constituir unidades administrativas de carácter provisional mediante la modificación de la correspondiente relación de puestos de trabajo, para la gestión y ejecución de los proyectos financiados con fondos de los instrumentos europeos de recuperación u otros fondos europeos.

FLEXIBILIZACIÓN

En la línea que en su día anunció el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de simplificar y aglutinar trámites para poder «agilizar» la puesta en marcha de proyectos empresariales, los populares también incorporan enmiendas para, en el contexto de fondos europeos, abrirse a ampliar, por ejemplo, los plazos de vigencia de convenios, o flexibilizar los requisitos y la justificación de subvenciones.

Entre otras cuestiones, una enmienda popular recoge que «se flexibilizarán los compromisos» de las solicitudes de subvención para que «se permitan compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención». Y en el apartado de justificación de subvenciones, se eleva en varios casos el límite de la ayuda por debajo de la que el beneficiario tiene que presentar una cuenta justificativa simplificada.