La proposición de ley de recuperación de tierras, que busca dotar de más base territorial a las explotaciones agrarias, ha comenzado su tramitación en el Parlamento gallego con críticas de la oposición a su forma de impulso.

En el pleno del Parlamento, Xosé Luís Rivas, Mini (BNG), y Martín Seco (PSdeG) han tachado de «vergüenza» y «falta de respeto absoluto» a la Cámara que se presente este texto a través del Grupo Popular, en vez de que sea la Xunta quien lo haga mediante un proyecto de ley. Censuran que los populares buscan «hurtar» el debate y ofrecer menos seguridad jurídica.

«Cuando nos paramos mucho en la forma, igual es que no tenemos muchos que decir del fondo», ha replicado la diputada popular Elena Candia a los reproches de la oposición sobre lo que considera una ley «valiente» y «necesaria».

La toma en consideración de esta proposición de ley ha contado con los votos a favor del PP, la abstención del PSdeG y el rechazo del Bloque.

RECUPERAR TIERRAS DE «ANTEPASADOS»

La diputada popular Elena Candia ha explicado que esta ley –con 144 artículos– nace del «importante consenso» alcanzado en la comisión de estudio tras la ola de incendios de 2017.

Así, destaca que se rige por principios como el «absoluto respeto» a la propiedad privada, herramientas para aumentar la base territorial de explotaciones y el refuerzo de la capacidad de investigación de la comunidad gallega para detectar tierras abandonadas, a lo que suman bonificaciones fiscales en el sector primario.

Entre otras figuras, destaca que es «importatísima» la de permutas de especial interés agrario, al tiempo que valora la apuesta por los polígonos agroforestales y de gestión conjunta –que necesitan un 70% de acuerdo de los propietarios–, así como las aldeas modelo.

«Todos tenemos una obligación con nuestros antepasados, recuperar nuestra tierra. Recuperar es de ley», afirma Elena Candia.

De tal forma, sostiene que esta futura ley aboga por la creación de actividad económica, combatir el reto demográfico, la mitigación del cambio climático, la lucha contra incendios y ofrecer seguridad alimentaria.

CRÍTICAS DE OPOSICIÓN

Por su parte, Xosé Luís Rivas (BNG) ha reclamado que se presente por parte del Gobierno gallego un proyecto de ley «acorde con la importancia del tema». En cambio, lamenta que se «descarga» la tarea en el grupo del PP porque está «más pensado para la galería» que «para cambiar las cosas».

«No tragamos gato por liebre», ha sentenciado sobre esta futura ley, en la que ve falta de objetivos, más allá de «propaganda». «¿Alguien sabe del número de hectáreas que se van a recuperar en el primer bienio?», se ha preguntado a modo de ejemplo.

Y es que enmarca este texto en el «proyecto de país en venta que tiene el PP». A renglón seguido, se ha preguntado «cuántos miles de explotaciones» cerraron en Galicia «tras 12 años de indolencia y abandono».

Martín Seco (PSdeG) ha apelado al conselleiro de Medio Rural, José González, a que «haga todo lo posible por retirar» esta proposición de ley para que la Xunta la presente como un proyecto de ley.

Recrimina que se abandonaron en Galicia 37.000 explotaciones en la primera década de este siglo y «uno de cada tres ayuntamientos camina hacia la desaparición», mientras los populares «hablan de cinco aldeas modelo».

Asimismo, Seco ha dicho «echar de menos» un acompañamiento presupuestario que «haga creíble» esta ley, ante el «grave problema» de abandono de tierras después de «12 años perdidos» con el PP.

En su toma de la palabra, el socialista también se ha referido a un artículo –en la publicación digital Campo Galego– del alcalde popular de Friol, José Ángel Santos, en el que critica al conselleiro de Medio Rural. Asegura compartir con él reflexiones como la de que «parece que los tecnócratas de esta Consellería no tuvieron en cuenta que la maleza crece de nuevo».

TEXTO

En el texto de la futura ley figura que en la identificación de fincas abandonadas jugará un papel fundamental la investigación, con un «nuevo procedimiento» para el reconocimiento de fincas de titular desconocido y su pase al patrimonio de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

De este modo, la Xunta investigará la propiedad y, si concluye el proceso sin localizar a ese dueño, dispondrá de ese terreno para su gestión y puesta en valor mientras no aparece su titular.

Se abrirá un plazo de cinco años para que, en el caso de que aparezca el propietario, acredite que lo es. En ese caso, el rendimiento de la tierra se le abonará a su titular. Pasados los cinco años, la Xunta se quedará con esa propiedad. A partir de ahí solo quedaría la vía judicial para su recuperación.

La propia Consellería de Medio Rural podrá iniciar de oficio esa investigación, aunque particulares también podrán hacer comunicaciones y denuncias para que se realice. De hecho, se estipula que debe informarse al denunciante sobre el inicio del procedimiento o su no admisión.

La provincia de Ourense, el interior de Pontevedra y la montaña de Lugo acumulan la mayor parte de los propietarios ilocalizables en Galicia.

Además, la futura ley de recuperación de tierras fija multas de hasta 3.000 euros por abandono de parcelas de más de una hectárea, que pueden alcanzar los 6.000 euros si el terreno es superior a las 10 hectáreas.

La filosofía de esta futura ley es lograr que todo el territorio tenga una «rentabilidad». Para ello, se fomentará el arrendamiento, venta o agrupación de propietarios con el fin de que haya una gestión.

De tal forma, se proponen nuevos mecanismos como los polígonos agroforestales, las aldeas modelo, actuaciones de gestión conjunta y permutas. Todo ello, unido a medidas para una «mayor eficiencia» del Banco de Terras.