Galicia terminó el año 2020 con una ratio de atención a la dependencia del 92,7%, la cifra más alta de la serie histórica, lo que sitúa a la comunidad en tercera posición a nivel estatal en porcentaje de atención más elevada. En total, hay más de 62.500 personas atendidas y cerca de 5.000 pendientes de valoración.

Así lo ha explicado este jueves el director xeral de Maiores, Fernando González Abeijón, durante una comparecencia parlamentaria para responder a una pregunta formulada por el grupo socialista sobre la atención a la dependencia en Galicia.

Durante su intervención, la diputada socialista Marina Ortega ha afeado a la Xunta que todavía esté «lejos de cumplir» los plazos de resolución máximos marcados por la Ley de Dependencia, de seis meses, y que en el caso gallego se duplican, y ha reclamado más medios –humanos y económicos– para atajar esta situación.

Frente a esta reclamación, el representante de la Xunta ha vuelto a incidir en que el Gobierno central «no está cumpliendo con sus obligaciones legales con respecto a lo que le corresponde pagar». Esto es, que la Ley de Dependencia exige una financiación al 50% por parte de la administración central y de la autonómica.

Sin embargo, González Abeijón ha explicado que, en la actualidad, de los 400 millones anuales que la Xunta destina a dependencia, el 76 por ciento «salen de las arcas autonómicas», mientras que el Estado aporta el 24 por ciento. «Para mejorar la respuesta, es necesaria financiación», ha zanjado.

En la misma línea, ha calificado de «claramente insuficiente» el incremento en 45 millones de euros para atención a dependencia anunciado por el Gobierno central para este año y ha exigido que el Estado aporte los «200 millones anuales que adeuda» a la comunidad en esta materia.

371 DÍAS DE TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA

Galicia tiene un tiempo de espera medio entre la solicitud y la resolución de dependencia, ha admitido el director xeral, de 371 días, un periodo que «excede al legal» y que la Xunta «trabaja para reducir». No obstante, Fernando González ha explicado que aquellas solicitudes que «necesitan atención prioritaria», por situaciones de emergencia, «tienen acceso a la prestación en tiempos inferiores», en algunos casos incluso de días.

En aras de mejorar este proceso, la Xunta envió esta semana a distintas comarcas de la provincia de Ourense equipos de valoración para tratar de reducir los tiempos. Este proyecto piloto se llevará a cabo durante seis meses y, si obtiene resultados, podrá exportarse a otras áreas.

Del mismo modo, ha añadido, se está trabajando también en medidas para la simplificación de trámites administrativos, algo para lo que será necesario realizar la oportuna modificación de la Ley de Dependencia.