Las comunidades de la cornisa cantábrica –Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco– han unificado este martes posiciones frente al diseño de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2023-2027, con una defensa de que el nuevo plan estratégico tenga en cuenta su carácter diferencial.

Así, han sellado por vía telemática un documento de posición conjunta. El acuerdo ha sido rubricado por el conselleiro de Medio Rural, José González; el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias, Alejandro Calvo; el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco; y la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del País Vasco, Arantxa Tapia.

Al respecto, José González ha agradecido «el compromiso y el talante» de todas las comunidades, ya que considera «fundamental» esta «unidad de acción», «más allá de diferencias partidistas». «Es mucho lo que nos jugamos en relación con la futura PAC», sostiene.

Exigen al Gobierno, desde una posición «constructiva y leal», que tenga en cuenta estas particularidades, con especial atención a las pequeñas explotaciones sostenibles y familiares, al tiempo que muestran su preocupación por la orientación «mediterránea» del Ministerio en esta materia.

RECLAMACIONES

El documento refleja el apoyo a la propuesta del Ministerio de Agricultura de definir la figura del agricultor genuino, que vive y trabaja en el medio rural. Las cuatro autonomías proponen que esta condición quede definida por un porcentaje de al menos el 30% de ingresos agrarios sobre los totales, excepto para afiliados a la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia en el sector agrario.

Sobre el primer pilar de la PAC, en las ayudas básicas a la renta (ayudas directas), las comunidades apuestan por superar los derechos históricos y avanzar hacia un tratamiento equitativo de las explotaciones, adaptado a su realidad actual. Además, juzgan imprescindible establecer un número y delimitación de las regiones, a efectos de que la ayuda básica refleje las diferentes realidades en el plano agronómico y socioeconómico.

En cuanto a las ayudas asociadas principalmente a los sectores de vacuno de leche y carne, las regiones cantábricas consideran prioritario contar, al menos, con los mismos recursos que en el periodo 2014-2020, lo que en la práctica supondría el máximo que permita la normativa comunitaria (hasta el 15%).

Sobre el límite de ayudas que percibe un mismo beneficiario (‘capping’), el documento conjunto apoya el establecimiento de un máximo de 60.000 euros por explotación, una medida que contribuiría a contar con recursos adicionales para distribuir entre los pequeños negocios.

Para los ecoesquemas, que reunirán el 20% de las ayudas directas asociadas a prácticas agrícolas comprometidas con los objetivos medioambientales de la PAC, demandan que se tengan en cuenta las características de las explotaciones agroganaderas del norte del país. En este sentido, proponen la inclusión de planes específicos para la ganadería extensiva y el sector lácteo.

Finalmente, respecto al Fondo Europeo de Desarrollo Rural (Feader), segundo pilar de la PAC, se incide en la necesidad de recuperar el equilibro entre las aportaciones de la Administración central y las comunidades, con el fin de logar un reparto más equitativo de los fondos.