El Tribunal de Cuentas detecta «deficiencias estructurales» en las cuentas de la Xunta de 2017, que se repiten «año tras año» y dan lugar a modificaciones en «los mismo programas presupuestarios» a lo largo del tiempo.

Esta es una de las conclusiones que se recogen en el ‘Informe Global del Sector Público Autonómico, ejercicio 2017’, que realiza el Tribunal de Cuentas.

Apunta que las modificaciones del ejercicio 2017 fueron por unos 485 millones, por lo que incrementó el presupuesto inicial en un 4,5%, «parámetros ligeramente superiores» a los de 2016, si bien por debajo de los cuatro años anteriores, que «fluctuó entre un 12,2% y un 6,8%».

Al respecto, Cuentas recuerda que la ley «exige que cuando se tramiten expedientes de modificaciones presupuestarias se debe expresar ineludiblemente el impacto que dichas modificaciones pueden tener en los objetivos de gasto programados».

Sin embargo, en los expedientes de modificaciones presupuestarias examinados «se observa que, en numerosas ocasiones, o bien no se realiza una adecuada valoración –afirmando que este impacto no existe– o bien se indica que la modificación contribuye positivamente a la consecución de los objetivos». Y Cuentas afea que «esta valoración genérica no atiende a la indicada exigencia normativa».

Respecto de la clasificación económica, el efecto neto de las modificaciones incrementa principalmente el gasto corriente (60,7%) y en menor medida el gasto financiero (31,5%) y el gasto de capital (1,5%).

Entre otros reproches, apunta a «la práctica recurrente de tramitar ampliaciones de crédito aludiendo al mayor endeudamiento o capacidad de endeudamiento en términos genéricos, sin señalar en cada expediente concreto la fuente específica de financiación que lo sustenta».

MÁS CRÍTICAS

A la hora de analizar las cuentas gallegas, el Tribunal de Cuentas detecta que las partidas que presentan el índice más bajo de ejecución corresponden a las inversiones reales y a las transferencias de capital, con un 80% y un 83,7%, respectivamente.

Y es que la Memoria de la Cuenta General de Galicia y de los organismos autónomos «presenta una información insuficiente para dar cumplimiento a su función de completar, ampliar y comentar el resto de estados contables, limitando así la transmisión de la información contable a sus usuarios».

Además, se apunta a que nueve fundaciones y dos consorcios del sector público autonómico no rinden cuentas. Son el 10,9% de las 101 entidades públicas en esta situación en España. Igualmente, «falta información económico-financiera» de fundaciones y sociedades».

Junto a esto, en Galicia, el balance recoge un inmovilizado material que «no concuerda» con el inventario, «lo cual no solo afecta a la transparencia e imagen fiel exigibles a la actuación administrativa, sino que afecta sensiblemente al buen ejercicio de las funciones de identificación, gestión, control, investigación y defensa del patrimonio público».

En este informe de más de 200 páginas, otro de los avisos que se realiza a Galicia es que la Intervención Xeral, centro directivo encargado de la contabilidad, «no cuenta con un sistema que dé cobertura específica e integral a cada uno de los proyectos financiados con los Fondos de Compensación Interritorial (FCI), de tal forma que vincule las operaciones de gastos efectuados, pagos materializados, peticiones de fondos efectuadas, ingresos recibidos y cobros realizados».

GASTO SANITARIO, POR ENCIMA DE LA MEDIA

En relación al gasto sanitario del sector público autonómico, en 2017 ascendió a 63.540 millones en las comunidades, el 5,5% del PIB, con un gasto per cápita medio de 1.370 euros por habitante y más del 44% del mismo originado por tres comunidades: Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid.

Ese gasto sanitario per cápita es superior en Galicia (1.446 euros) que en la media. Supone el 6,5% del PIB, un punto más que la media.

Asimismo, Galicia gasta 1.767 millones en remuneración de personal sanitario. Se trata del 45,1% del gasto sanitario consolidado en la comunidad, misma tasa que la media española.

INSUFICIENTE JUSTIFICACIÓN DE CONTRATOS EN COMUNIDADESS

A nivel general, el Tribunal de Cuentas considera «insuficiente» la justificación ofrecida por las administraciones autonómicas a la hora de celebrar contratos, y detecta deficiencias al establecer, definir y aplicar los criterios objetivos de adjudicación así como una incorrecta determinación de las fórmulas y métodos de valoración y ponderación de los criterios.

Esta es una de las conclusiones del órgano fiscalizador tras la aprobación de su ‘Informe Global del sector público autonómico, ejercicio 2017’, que expone los datos más relevantes contenidos en los informes de fiscalización elaborados por el Tribunal y los órganos de control externo autonómicos (OCEx).

En este sentido, destaca la ausencia de informes o estudios económicos para garantizar un adecuado precio del contrato, tramitación por urgencia de contrato sin la debida documentación que lo justifique, o incumplimientos en plazos de ejecución de prestaciones correspondientes al contratista.

En este último punto, señala que las administraciones autonómicas no siempre han ejercitado opciones que le atribuye la normativa pese a demoras imputables al contratista en el cumplimiento del plazo total, bien sea la resolución del contrato o la imposición de penalidades. En total, se han remitido al Tribunal 23.770 contratos, excluidos los menores, por un importe conjunto superior a 8.786 millones de euros

INCUMPLIMIENTO CASI GENERAL DE LA REGLA DE GASTO

En el conjunto de administraciones autonómicas, el resultado presupuestario ha sido negativo –si bien mejora un 42% respecto a 2016–, el saldo de endeudamiento aumentó un 5% hasta los 266.781 millones al cierre de 2017 y el remanente de tesorería en su conjunto fue negativo, de 282 millones frente a un remanente también negativo en 2016 de 1.753 millones.

En su fiscalización, el Tribunal verifica el cumplimiento del objetivo de déficit para el subsector autonómico, al contar con un objetivo de estabilidad del 0,6% del PIB y resultar un déficit global de 4.221 millones de euros, el 0,36% del PIB nacional. El subsector cumplió los objetivos previstos para deuda pública pero todas incumplieron con la regla de gasto a excepción de Canarias, Cantabria, Extremadura, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.