Galicia creará este año el Rexistro de Familias Monoparentais Galegas, diez años después de la aprobación de la ley 3/2011, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, en las que se incluyeron en el grupo de familias con especial consideración y protección y que fue aprobada en la primera legislatura que presidió Alberto Núñez Feijóo.

Concretamente, y a través de las modificaciones que se introducen en la futura ley de impulso demográfico, la Xunta tendrá un plazo de seis meses para activar esta herramienta, que vendrá acompañada de un plan de apoyo para estas familias, una vez que quede publicada en los diarios oficiales.

Y es que la ley de impulso demográfico está prácticamente lista para su aprobación en la Cámara gallega. Hace ahora un año entró por primera vez el proyecto legislativo en el Parlamento, pero la confluencia de la disolución del hemiciclo por la convocatoria de elecciones con la pandemia –que obligó a postergar los comicios–, llevó a que esta normativa tuviese que volver a iniciar su tramitación.

De hecho, en la legislatura pasada ni siquiera llegó a debatirse en el hemiciclo. En esta ocasión, en el pleno de debate de totalidad de las enmiendas de devolución, la titular de Política Social, Fabiola García, tuvo ocasión de defender el texto y apelar a los grupos de la oposición para lograr que fuese una ley de país, con llamadas a la «unanimidad».

En el trámite parlamentario que ahora afronta su recta final y que este viernes cerrará el penúltimo capítulo en la Comisión de Sanidade e Política Social, los tres grupos –PPdeG, BNG y PSdeG– han cerrado 14 transacciones. Esto significa que sobre las enmiendas presentadas se han alcanzado este total de pactos entre los populares y alguno o ambos partidos de la oposición.

A estos acuerdos, que dan lugar todos ellos a una nueva redacción del texto original, hay que sumar 22 enmiendas del PSdeG, ocho del BNG (que retiró una enmienda en el trámite de ponencia) y las siete presentadas por el PPdeG, según recoge el informe de la ponencia, al que ha tenido acceso Europa Press. Todo ello implica cerca de 40 incorporaciones directas –adicionales a los mencionados acuerdos– al proyecto legislativo.

Uno de los acuerdos alcanzados, con aportaciones de los tres grupos, versa en la inclusión de un nuevo artículo. Esta materia estaba incorporada en la parte dispositiva final, pero por acuerdo de los tres grupos (en virtud de sendas enmiendas del BNG y PSdeG), ahora formará parte del articulado de la ley.

SEIS MESES Y UN AÑO

Concretamente, desde la entrada en vigor del documento, que podrá ser en las próximas semanas, en cuanto vea luz verde definitiva en el pleno de la Cámara, la Xunta deberá elaborar, en el plazo de un año, un «plan de apoyo a las familias monoparentales, con la finalidad de mejorar la atención y la cobertura social de sus necesidades».

En este plan, señala el acuerdo incorporado al futuro texto, «se promoverá, en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) el desarrollo de medidas específicas por parte de las administraciones locales».

En el plazo de seis meses, por lo que este mismo año 2021 –salvo un retraso que tendría que ir más allá del junio–, la Xunta tendrá la obligación de crear el Rexistro de Familias Monoparentais Galegas, un mandato que proviene de la nueva redacción dada al artículo 13 de la ley 3/2011, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia.

NUEVA DEFINICIÓN DE MONOPARENTALES

Además, los cambios también servirán para modificar la definición de familias monoparentales, de forma se actualiza a la «realidad» actual frente a la que había en 2011.

De esta manera, se entiende por familias monoparentales aquellas en que hombres o mujeres afrontan la paternidad o maternidad en solitario o aquellas formadas por un solo cónyuge viudo y los hijos. También en los casos en los que no haya custodia compartida y los hijos se queden a cargo de la madre o padre.

VULNERABILIDAD ECONÓMICA Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Las modificaciones de esta ley son más amplias y también, a través de la ley de impulso demográfico, se amplían los tipos de familias considerados de especial protección.

Así, la ley de familia, a partir de ahora, también extiende esta consideración especial a las familias de «especial vulnerabilidad económica» y las familias «víctimas de violencia de género».