La coordinadora de Ciudadanos (Cs) en Galicia, Beatriz Pino, ha demandado una reforma de la tarifa eléctrica y ha incidido en la importancia de una «garantía social» de acceso a suministros básicos para las familias que se encuentren en una situación vulnerable.

En esta línea, Pino ha apostado por «acabar con la doble imposición establecida en las facturas de los suministros de electricidad y de gas» y aplicar un tipo de IVA reducido, como mínimo, durante la situación de pandemia, según ha recogido en un comunicado la formación liberal. «Hay que aliviar la situación de los consumidores ante el fuerte incremento del precio de la luz», ha zanjado Pino, quien ha señalado que en la actualidad el IVA que se aplica a este servicio se sitúa en el 21%.

Así las cosas, la coordinadora de Ciudadanos en Galicia ha registrado una pregunta en el Parlamento de Galicia que busca la reducción del «enorme impacto» de la subida del coste de la electricidad para los consumidores particulares en una situación marcada por la ola de frío y la crisis sanitaria.

De este modo, ha solicitado al Parlamento de Galicia preguntar a la Xunta si instará al Gobierno central a adoptar «medidas urgentes» que palíen las consecuencias del incremento de la tarifa eléctrica para «las familias y consumidores vulnerables».

En este sentido, ha recordado que durante los primeros diez días del año la factura de la electricidad ha aumentado un 21%, así como que este martes sufrirá un nuevo incremento del 2,18%.

SUBIDA «DESPROPORCIONADA»

A este respecto, Beatriz Pino ha tachado de «desproporcionada» esta subida, que se ha producido «a destiempo» y representa «un golpe más» para las pymes, los autónomos y los consumidores particulares, que deben afrontar estos costes fijos aunque sus ingresos se hayan reducido debido a la crisis derivada de la pandemia.

Ante esta situación, ha recordado que la formación naranja aboga por la aplicación de un tipo de IVA reducido para las facturas de luz y gas, como mínimo, durante el periodo de excepcionalidad derivado de la pandemia. Así, aspira a «limitar la pérdida de tejido productivo» y la «reincidencia de situaciones de vulnerabilidad social a causa de impagos y cortes del suministro».