El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha denunciado que el 60% de los ayuntamientos de la provincia de Lugo «siguen sin aplicar bonificaciones para paliar el impacto del catastrazo en las granjas».

En un comunicado, indica que, por ello, iniciará una campaña de denuncia. «Para que esta injusticia y agravio comparativo para miles de explotaciones termine», añade.

En concreto, indica que en 2022 «se cumplirá una década desde que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidiera arreglar las cuentas del país con una subida de impuestos a nuestras viviendas y fincas».

«La modificación del año 2012 de la Ley del Catastro y las sucesivas regularizaciones puestas en marcha desde aquella, junto con la revisión generalizada al alza del valor de los bienes inmuebles del Estado, supuso una subida enorme del IBI ingresado por los ayuntamientos».

Además, señala que entre los afectados por esta subida están «las titulares de las explotaciones agrarias ya que la modificación de la Ley del Catastro equiparó la valoración de las construcciones rústicas a las urbanas».

El SLG recuerda que han llevado a cabo distintas iniciativas, como recogida de firmas y presentación de mociones, para que los ayuntamientos «modifiquen sus ordenanzas municipales para incluir las bonificaciones del impuesto que permite la ley para los inmuebles ligados a las actividades agrícolas o ganaderas» y avanza ahora una campaña para que este año marque el final de esta «excesiva e injusta imposición a las actividades agroganaderas».