Alcoa ha anunciado que paraliza el proceso de despidos que tenía planeado para su planta de San Cibrao, en Cervo (Lugo), después de la sentencia que considera nulo el expediente de regulación para 524 trabajadores por «mala fe» en las negociaciones.

Ante esta noticia, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha reiterado que el Gobierno está «abierto a alcanzar una solución negociada que mantenga las capacidades industriales de la comarca de A Mariña», según apunta en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la multinacional, a través de una nota de prensa, recuerda que el 9 de octubre de 2020 anunció su decisión de reducir la capacidad de 228.000 toneladas métricas anuales de la fundición y proceder al despido colectivo de los empleados «después de cumplir cuatro meses de consultas con los representantes de los trabajadores en la planta de aluminio de San Cibrao». Añade que la refinería de alúmina «no fue incluida en la consulta».

Como resultado de la sentencia, en el cuarto trimestre de 2020, avanza que la compañía no incurrirá en los entre 35 y 40 millones de dólares que anunció previamente como un cargo esperado por los costes relacionados con el despido colectivo.

Debido a la huelga laboral tanto en la fundición de aluminio como en la refinería de alúmina, la firma asegura que registrará un impacto negativo antes de impuestos en el cuarto trimestre de unos 10 millones de dólares, sobre todo relacionados con la refinería. Y apostilla que la sentencia del tribunal «no resuelve la huelga».

La compañía defiende haber actuado «de buena fe y en pleno cumplimiento de la ley». E insiste en que la necesidad de reestructuración de la fundición «persiste» por problemas «estructurales importantes y permanentes».