La ley de medidas fiscales y administrativas, conocida como ley de acompañamiento, comenzará su tramitación parlamentaria en el pleno del próximo lunes tras salvar las enmiendas a la totalidad y de devolución presentadas por los grupos de la oposición –PSdeG y BNG–.

De salir aprobada tal cual ha llegado a la Cámara, incorporará varios acuerdos en el ámbito de la función pública acordados con los sindicatos, pero en su disposición adicional primera también añade, sin haber sido objeto de negociación sindical –según fuentes consultadas–, un cambio que permitirá mantener un sueldo mayor los empleados públicos que pasen a ser funcionarios de la Administración autonómica procedentes de entes instrumentales, frente a los que lo son de carrera.

Concretamente, el proyecto legislativo, que acompaña los presupuestos de 2021, incluye una disposición adicional que modifica el decreto 129/2012, que regula la integración del personal laboral de los entes instrumentales.

En esta normativa se establece que los trabajadores de los entes instrumentales que voluntariamente quieran convertirse en empleados públicos de la Xunta tienen que adaptar su salario a las mismas retribuciones establecidas para los empleados públicos de la Xunta –en un plazo de seis años–. En la administración paralela, los salarios suelen ser, según las fuentes sindicales consultadas, «muy superiores» a las de cualquier empleado de la Administración General.

El decreto también aclara que el trabajador no podrá mantener los importes derivados del concepto de antigüedad, ya que en la mayoría de ellos se establece un 5 por ciento del salario bruto («muy superior»), mientras que en la Xunta es una cantidad fija. De esta manera, el decreto pactado anteriormente, y que ahora se quiere modificar con la ley de acompañamiento, homogeneizaba al personal funcionario.

COMPLEMENTO ADICIONAL

El cambio de la ley de acompañamiento atañe al personal laboral fijo procedente de las entidades instrumentales del sector público autonómico, lo que se conoce como administración paralela, y que pase a formar parte de la Administración autonómica –por extinción, por ejemplo, de ese ente–, de forma voluntaria.

Y significa, esta modificación, que este personal tendrá derecho a un complemento adicional (al margen del complemento personal de integración) si en su puesto de origen percibía en concepto de antigüedad cantidades superiores a las del convenio colectivo único.

Este plus consistirá en la diferencia (positiva) entre la cantidad percibida por antigüedad en el momento anterior a la integración y la cantidad resultante de aplicar lo que establece el decreto en esta materia.

Además, permanecerá con la misma cuantía independientemente de las variaciones en los restantes conceptos retributivos y se mantendrá incluso en el caso de funcionarización de este personal laboral integrado, según recoge esta disposición adicional.

CSIF APUNTA A LA CONSELLEIRA ETHEL VÁZQUEZ

En este escenario, CSIF apunta a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, y al resto de altos cargos de este departamento, como beneficiaros de esta futura modificación, si finalmente se consolida en el trámite parlamentario, ya que son trabajadores en excedencia de la extinta Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos (Eposh), y cuya integración «está preparando la Xunta».

La Eposh fue objeto de extinción en enero de 2012 y su personal se integró en Augas de Galicia, organismo que depende de la consellería de la que es titular la propia Ethel. Por decreto de 2015, se iniciaron los trámites para la integración de este personal pero, según CSIF, «la pérdida económica que suponía» hizo que se «presionase» para dejar sin efecto este procedimiento.

Los sueldos de la Eposh no son públicos, pero, sin contar trienios, las percepciones de la mayoría de trabajadores «son muy superiores a los de cualquier subdirector general de la administración», que es el puesto más alto de la carrera en un funcionario.

Los trienios de la Eposh están fijados en el 5% y se firmaron en el año 2005, cuando Feijóo ya formaba parte del Gobierno de Fraga como conselleiro de Política Territorial.

Los cálculos de CSIF apuntan a que Ethel Vázquez cobraría «unos 20.000 euros más anuales» que cualquier funcionario de carrera. Actualmente, como se puede consultar en la web de Transparencia de la Xunta, la conselleira Ethel Vázquez cobra 13.443 euros al año en concepto de trienios, frente a los 6.743,22 euros del propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y del titular de Facenda, Valeriano Martínez, que tienen más años de antigüedad.

NEGOCIACIÓN

Así las cosas, CSIF considera «imprescindible» negociar un «nuevo acuerdo» de condiciones económicas y laborales de los empleados públicos de la administración general que «sustituya» al firmado por CC OO y UGT, toda vez que «se ha demostrado ineficaz, ineficiente y perjudicial».

Además, este sindicato también ha querido mostrar su «rechazo contundentemente toda práctica de corrupción política, nepotismo y retorno a una administración caciquil»