La fiscal del juicio contra el que fuera líder del PSdeG y alcalde de O Carballiño, Pachi Vázquez, y otros cuatro ediles por prevaricación en la contratación de 60 personas mantiene la acusación contra todos ellos y ve «fraude» en la cobertura de «necesidades estructurales» con «contratos temporales».

En esta décima y última jornada del juicio se han presentado los informes de cada uno de los abogados, así como el de la acusación por parte del Ministerio Público.

La fiscal ha concluido con un resumen de las nueve jornadas que ha durado el juicio en el que ha subrayado las declaraciones de testigos como la de la segunda secretaria. De ella, ha recordado que «solo fue capaz de hablar en general» mientras que también ha llamado la atención sobre el hecho de que otra de las secretarias asegurase que «rubricar solo significaba la existencia del documento y no la legalidad del mismo».

Asimismo, el Ministerio Público hizo hincapié en las distintas declaraciones de los trabajadores que coincidieron en decretar que habían sido llamados por el Servicio Público de Empleo, anteriormente conocido como INEM, y exponer que sí habían pasado procesos selectivos pero sin recordar cómo ni casi cuándo.

Por todo ello, ha elevado sus peticiones de inhabilitación al rango de definitivas al considerar que la contratación «por la puerta de atrás» implica un delito de prevaricación y que tiene unas consecuencias penales. «Privaron de acceder en igualdad de condiciones, al concatenar los contratos, al resto de vecinos» que se podían presentar a las distintas plazas, ha sostenido la fiscal, que califica los hechos de «una arbitrariedad grosera y un delito doloso a sabiendas de que vulneraban los principios de mérito, capacidad y publicidad».

La fiscal considera que tanto Pachi Vázquez como Carlos Montes perseguían que los contratos se convirtiesen en indefinidos. «A los acusados no les importaba que esa concatenación de contratos convirtiera a los trabajadores en indefinidos, es lo que buscaban, prueba de ello son los decretos que reconocen esta condición sin esperar a la resolución de la jurisdicción social», ha aseverado fiscalía.

Además, al respecto del caos en el archivo, que fue un tema recurrente en el juicio, ha sentenciado «no vale el desorden para ocultar información porque probar que algo existió es más fácil que eso».

CADENA DE ERRORES

Por su parte, el abogado de Pachi Vázquez ha mantenido en todo momento que su defendido «no ha incumplido ninguno de los principios y menos en una forma dolosa» puesto que «su formación es como médico» y no cómo abogado administrativo. Así, ha considerado que este caso es «una lamentable cadena de errores».

El letado ha señalado las certificaciones realizadas por la secretaria sobre la falta de expedientes de contratación, que aseguró «contenía graves errores». A renglón seguido: el caos en el archivo. En este punto, ha incidido en la deslocalización en cuatro dependencias, «en el traslado mediante carretillas», así como en un incendio «que afectó a parte de la documentación». Por todo ello, ha apuntado que «se trata de una cadena de errores que ha traído graves consecuencias pero que en ningún momento ha sido prevaricación».

De este modo, ha expuesto que, en el ámbito de la contratación, el caos hizo que no se encontrasen varios de los documentos. Con todo, ha afirmado que «no se puede sostener que porque no se encuentre no existe» apuntando a que desde la primera querella de Fiscalía hasta la actualidad «han ido apareciendo documentos y expedientes de contratación».

En la misma línea, ha incidido que «la contratación nunca se realizó a dedo» y que siempre se sometieron los principios obligatorios, «como así lo expusieron cada uno de los trabajadores en las vistas orales en las que declararon con la precisión que el paso del tiempo les ha permitido» señalando que muchos de ellos eran contratos en «los que han pasado más de 20 años».

La fecha del 24 de enero del 2005, en la cual Pachi Vázquez firmó el decreto de Alcaldía por el que se incluyen como indefinidos a más de 30 trabajadores, ha subrayado que «se trataba de adaptarse a las incorporaciones de la RTP y al nuevo presupuesto».

Así las cosas, ha pedido la libre absolución de su representado y ha aseverado que «la acusación se ha desvanecido a lo largo del juicio desde la querella inicial».

ERRAR NO ES PREVARICAR

El resto de letrados ha mantenido que «toman como suyas» las conclusiones de este abogado matizándolas para los casos en concreto de cada uno de sus clientes pero solicitando, del mismo modo, la libre absolución de cada uno de ellos.

El abogado de Carlos Montes ha hecho hincapié en que «no todo lo que está mal, nos disgusta o nos parece inadecuado es delito» subrayando que, es probable que, del mismo modo que la formación de Pachi Vázquez es médico y por tanto «no tiene los estudios para saber con exactitud los procedimientos administrativos» tampoco los poseía Carlos Montes en su alcaldía. «Seguramente ha habido errores y probablemente serías contradicciones pero nunca errar es prevaricar», ha destacado.

En su informe, ha aludido a la declaración de la interventora que aseguró que había realizado varias advertencias «sino por escrito por lo menos verbalmente» sobre procesos administrativos «que no se realizaban con la exactitud que requerían», al respecto de lo cual el abogado ha señalado que dicha advertencia «parece una figura ad hoc creada por la propia interventora».

Para José Antonio Barge Gil la acusación pide 9 años de inhabilitación, su defensa la libre absolución. Al igual que el resto de abogados han apelado a la carencia de formación en el ámbito jurídico administrativo.

«¿Qué pintamos aquí por una firma en un contrato en 2007? Es un desatino», ha afirmado su letrado, quien ha continuado su apelación refiriéndose a la edad de su cliente para asegurar que ya no se va a presentar a nada. «Pero lo que no se puede es tener en la mente durante más de 10 años que estás en un procedimiento judicial, y no por lo que se diga sobre ti, si no por tu propia salud», ha esgrimido.

La misma línea fue la que continuaron los abogados de Elisa Domínguez, a la que se le piden 8 años y 9 meses de inhabilitación, y Alfonso Prado, a quién se le piden 10 años. En el caso de este último su abogada ha subrayado que el escrito de Fiscalía «ni siquiera concreta» en qué y con qué peso actuó su patrocinado para «poder considerarse prevaricador». Así, ha considerado que esta «falta de concreción es una vulneración al principio de defensa», aseverando que «la explicación no la debe mi cliente, el Ministerio Fiscal se la debe a él». Para ambos han pedido la libre absolución.

«ME SIENTO MALTRATADO»

El derecho a la última palabra sólo fue solicitado por José Antonio Barge. El único que ha hablado en las diez sesiones que ha durado el juicio. «Alguien tiene que pagar por esto, yo no hice absolutamente nada ilegal», «me siento maltratado, hice lo que me dijeron la secretaria y la interventora», ha manifestado.